Aldama mantiene que pactó dar a Ábalos y a Koldo el 50% de las comisiones por los contratos de mascarillas

El empresario Víctor de Aldama se pliega al relato fáctico realizado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su escrito de acusación del caso Mascarillas, continuando así con su estrategia de máxima colaboración y conformidad con las tesis mantenidas por la acusación pública ante el Tribunal Supremo. En su escrito de defensa, que es más un escrito de reconocimiento de los hechos que se le imputan -el Ministerio Público pide para él siete años de cárcel-, la defensa del empresario mantiene que cobró comisiones de la mercantil Soluciones de Gestión por valor de 6,6 millones de euros por los contratos que facilitó para la adquisición de mascarillas en lo más duro de la pandemia, y que acordó abonar al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García el 50 % de esas ganancias. Insiste, como ya hiciera en su declaración ante el juez en noviembre de 2024 que las cantidades pactadas eran 2 millones de euros para el ministro y 500.000 euros para Koldo García. Su letrado, José Antonio Choclán, explica en 26 páginas, a las que ha tenido acceso ABC, que si bien la previsión del empresario era lograr 60 millones en contratos para Soluciones de Gestión, empresa que está en el epicentro de la trama investigada, finalmente logró llegar a 53 millones. De esa cantidad, explica, Aldama se debía quedar con el 10% por medio de facturas giradas en favor de sus sociedades MTM 180 Capital y Deluxe Fortune SL. «De acuerdo con esta previsión, aproximadamente el 50% de las comisiones devengadas en favor del Sr. de Aldama, se pagarían, en la distribución expuesta, al Sr. Ábalos y al Sr. Koldo García, conforme a las cantidades que le fueron solicitadas por ambos», resalta. Además, interesa que el tribunal que le juzgue tenga en cuenta su «comportamiento procesal» y que lo valore «adecuadamente en la determinación de la pena» dado que se debe apreciar en la futura sentencia la atenuante de confesión y de colaboración con la Justicia. Entiende que esa atenuante debe considerarse como «muy cualificada» y por tanto debe establecerse la rebaja del marco penal en dos grados.