Las indemnizaciones de los abusos, bajo la lupa del Defensor del Pueblo
La Iglesia y el Gobierno sellaron este jueves un acuerdo que busca cerrar algo más que una etapa de encontronazos institucionales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en calidad de responsable de relaciones con las confesiones, firmó un protocolo con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, para abrir una nueva vía de indemnización para las víctimas de la pederastia eclesial a través del Defensor del Pueblo.
Ya en septiembre de 2024 comenzó a funcionar de manos de la Iglesia una comisión independientes de expertos para enmendar el daño causado por esta lacra. De hecho, desde entonces hasta hoy, el llamado Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos (Priva) ha recibido 114 casos de los que ha resuelto 61, por un valor de 1,85 millones de euros. Aun así, el propio Bolaños y algunos colectivos de víctimas han cuestionado su imparcialidad.
Por este motivo, se puso en marcha una negociación, tal y como adelantó este diario, para abrir la nueva vía complementaria para aquellas víctimas que no se fían de la comisión eclesial. Los solicitantes tendrán un año para presentar su solicitud, siempre y cuando haya prescrito o su abusador haya fallecido. Dentro de doce meses se evaluará si es necesario prorrogar este sistema. De aquí a un mes está previsto que se ponga en marcha, después de que se desarrolle el correspondiente convenio.
Así, el procedimiento se iniciará con el registro de la petición en el Ministerio de Justicia. A partir de ahí se traslada al Defensor del Pueblo. Será la Unidad de Atención a las Víctimas que creó Ángel Gabilondo la que evalúe y determine la cantidad a entregar.
Una vez fijada, la comisión eclesial y la propia víctima decidirán si están de acuerdo o no. Si hay discrepancias, se creará una comisión mixta formada por el equipo de Gabilondo, la comisión de la Iglesia y el colectivo de víctimas para buscar una salida.
En caso de no lograr tampoco el acuerdo, el Defensor del Pueblo en persona tendrá la última palabra en determinar la indemnización, previa consulta a los presidentes de la Conferencia Episcopal y la Confer. En cualquier caso, fuentes eclesiales comparten con LA RAZÓN que confían en no tener que llegar a este extremo. Sobre todo, teniendo en cuenta que los especialistas del Defensor del Pueblo utilizarán el mismo baremo que ya viene usando la Iglesia. Hasta la fecha no se han conocido los criterios utilizados, pero según ha podido saber este periódico, las cantidades estipuladas estarían por encima de las que marca la justicia civil. Una vez determinada la indemnización, será la congregación o la diócesis del abusador la que desembolse la cantidad.
«La indemnización la fija el Estado y la Iglesia paga. El Estado no abonará un céntimo», expuso Bolaños en esta mañana, tras firmar el acuerdo y presentarlo en solitario en la sede de Justicia. Lo cierto es que esta no implicación en el desembolso estatal supone un giro de Moncloa, puesto que el plan antiabusos que presentó en abril de 2024 sí contemplaba la creación de un fondo a sufragar entre la Iglesia y el Estado, reconociendo así la responsabilidad subsidiaria de los poderes públicos al no atajar esta lacra, un compromiso que ahora se esfuma.
En cualquier caso, Bolaños señaló que con el nuevo acuerdo «se salda una deuda histórica con las víctimas». Eso sí, reconoció que «para muchas personas ha llegado tarde y puede que el Estado haya llegado tarde». Con la vía del Defensor del Pueblo abierta, el Ejecutivo rebaja sus expectativas puesto que el propio ministro llegó a presionar a los obispos para que no pusieran el marcha el Priva y tutelar en exclusiva las indemnizaciones.
En su alocución, el político socialista agradeció la colaboración en esta travesía de las asociaciones de las víctimas, del Episcopado, de los religiosos, del Vaticano, con una mención especial a Francisco, a León XIV y al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. «En los momentos en los que la negociación, compleja y ardua, entraba en una dificultad, ha sido necesario que el Vaticano animara la vía del acuerdo», apuntó.
Tras la intervención de Bolaños y su salida de la sala de prensa del Ministerio de Justicia, tomaron la palabra Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego. «Queremos asumir nuestra responsabilidad», sentenció el arzobispo de Valladolid. «No es una vía paralela, sino complementaria», aclaró sacando pecho del Priva.
«De momento el sistema está funcionando muy bien. Los casos resueltos han recibido la cuantía de la diócesis o la congregación correspondiente y no hemos tenido que intervenir especialmente», respaldó. Díaz Sariego. «¿Qué institución en nuestro país asume delitos que ya han prescrito?», dejó caer después el dominico.