Juristas progresistas presentan una queja ante el Colegio de Abogados de Madrid por su “sumisión” a Ayuso

Las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, han registrado un escrito de queja contra la actual Junta de Gobierno del Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) por su “sumisión” a “intereses políticos partidistas” vinculados al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso.

Solicitan que la corporación profesional facilite el expediente completo que llevó a la presentación de una querella contra la Fiscalía en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y que se convoque una asamblea extraordinaria para debatir sobre la actuación del colegio. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

En una rueda de prensa, el presidente de honor de Adade, el letrado José Mariano Benítez de Lugo ha calificado de “insólito” el apoyo del colegio al empresario y comisionista González Amador, que está procesado tras haber reconocido sus deudas con Hacienda. “El ICAM siempre ha sido una institución integradora y respetuosa, nunca se había producido tal sectarismo, polarización y falta de pluralidad”, ha añadido el abogado Javier Ledesma, también vinculado a Adade. 

El escrito muestra la “radical disconformidad” y “crítica” de ambas asociaciones con la actuación del ICAM en la causa contra García Ortiz. Las asociaciones ponen el foco en la actuación del actual decano, Eugenio Ribón, que consideró que la condena de inhabilitación a García Ortiz es “un respaldo decisivo a los principios esenciales del Estado de Derecho” tras la publicación del fallo el pasado 20 de noviembre.

De hecho, reclaman “explicaciones” sobre su actuación y que la asamblea pueda censurar o ratificar su manera de proceder. “Nos sorprende que celebre y bendiga que puede darse a conocer un fallo sin los argumentos de la sentencia condenatoria, ni de la discrepancia que recojan los votos particulares”, recoge el escrito. 

También exigen que se fijen criterios sobre la conducta a seguir en el futuro en asuntos de alta trascendencia política que “eviten” la “instrumentalización” del colegio y que se ponga al servicio de “intereses particulares o de estrategias políticas ajenas a los intereses de la abogacía”. Las asociaciones muestran su “disconformidad” con el hecho de que el colegio presentara una denuncia contra la Fiscalía sin hacer “la más mínima referencia” a la “campaña de difamación” emprendida contra el Ministerio Público por el entorno de la presidenta regional.

Asimismo, las asociaciones hacen hincapié en la “singular circunstancia” de la simultaneidad de la posición del ICAM como acusación en el juicio contra el ex fiscal general y la autorización del proyecto de creación de un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

A este respecto, el colegio ha mantenido que el proyecto de ICAM Centro Universitario nace, se diseña y comienza a tramitarse entre 2022 y 2023, es presentado a la Comunidad de Madrid en diciembre de 2023 y sigue su curso durante 2024 y 2025, mucho antes de la querella del ICAM y del propio juicio y posterior condena del fiscal general.