Resulta ilustrativo que mientras el Gobierno presentaba en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, un proyecto para combatir los bulos, las difamaciones y la desinformación, se conociera un informe del Consejo de Informativos de Radiotelevisión Española que alerta de la constante manipulación en los programas del ente público a favor de los intereses gubernamentales, de Pedro Sánchez y de su partido. La coincidencia de ambas noticias da la medida del enrevesado interés de La Moncloa por amordazar a la opinión pública y restar credibilidad a los medios de información y, a la vez, forzar hasta el paroxismo sus herramientas de propaganda, financiadas en este caso con el dinero de todos los españoles. El Gobierno pretende poner coto a la opinión con una norma que impone obligaciones a personas privadas con influencia en las redes sociales. El objetivo declarado de la medida es mejorar los recursos para proteger el derecho al honor y facilitar las rectificaciones en los casos de difusión de bulos y noticias falsas. La realidad, sin embargo, indica que bajo este loable propósito se esconde un intento de desacreditar las informaciones que aparecen en los medios y las redes cuando resultan incómodas para el poder. Basta establecer una línea temporal para comprobar cómo Pedro Sánchez activó esta estrategia de manera clara cuando comenzaron a publicarse informaciones sobre las actividades de su esposa y de su hermano. Pese a haber sido denunciadas insistentemente como bulos y haber motivado incluso una normativa para controlar a quienes opinan sobre la actualidad, ninguna de estas informaciones ha sido rectificada. Es más: todas se han ido confirmando a través del paso del tiempo y el avance de las investigaciones judiciales y periodísticas. El ejercicio de desprestigio contra la prensa y contra las redes, donde se difunden noticias y opiniones incómodas para La Moncloa, no persigue la restitución de la verdad, sino la destrucción de la noción misma de verdad. En este clima de sospecha permanente, el Gobierno trata de dañar la reputación de los medios que actúan como contrapoder efectivo frente a los desmanes de su gestión y de su partido y frente a las dudas que rodean a su propio entorno familiar. Resulta aún más desconcertante que esta iniciativa se produzca en un contexto cada vez más evidente de propaganda gubernamental. Es significativo que el propio Consejo de Informativos de RTVE , una institución dolorosamente colonizada por La Moncloa, a un precio altísimo para el contribuyente, haya tenido que intervenir para denunciar la información partidista que se emite desde la propia cadena pública. El Gobierno es el menos indicado para dar lecciones sobre bulos cuando ha llenado la parrilla de la televisión pública con contenidos sesgados y de parte, cuando no directamente falsos, con silencios interesados, escaletas estrafalarias en las que no aparecen noticias que le son incómodas y con portavoces pretendidamente neutrales que no lo son. Combatir la desinformación es una tarea necesaria en cualquier democracia, tan expuesta a ataques como frágil frente a las manipulaciones de quienes promueven el orden iliberal. Pero esa tarea pierde credibilidad cuando quien la impulsa utiliza los recursos públicos para moldear un relato a conveniencia de parte y hostigar a quienes cuestionan su gestión. La independencia informativa de los medios alejados del Ejecutivo, la libertad de los opinadores y la elaboración de una información veraz y ponderada desde la cadena de todos son condiciones indispensables para la salud democrática de un país, y hoy, lamentablemente, dejan mucho que desear.
