Portazo de Perú al corredor humanitario: su efecto migratorio en Chile y la región

La política migratoria se ha transformado en uno de los ejes más sensibles del nuevo ciclo político en Chile. La propuesta del presidente electo, José Antonio Kast, de impulsar un llamado “corredor humanitario” para facilitar la salida de migrantes irregulares sintetiza las tensiones entre seguridad, diplomacia y realidad social. Sin embargo, la iniciativa recibió el portazo de Perú, complicando las pretensiones del republicano.

Lo que inicialmente fue presentado como una solución logística y regional, chocó con la disposición de las autoridades peruanas. Perú es clave para cualquier desplazamiento terrestre hacia el norte, por lo que la negativa no solo bloquea un plan operativo, sino que activa una cadena de efectos migratorios que pueden ser más complejos y riesgosos que el propio problema que se intenta resolver.

El discurso de Kast en materia de migración ha mutado con el paso de la campaña y la transición al poder. En un primer momento dominó una narrativa de confrontación directa: expulsiones masivas, uso intensivo de la fuerza pública y centros de detención. Pero, frente a las limitaciones legales y diplomáticas, el tono ha transitado a uno más pragmático. Apareció la idea de un plazo de salida voluntaria y luego el concepto de un corredor humanitario, una iniciativa que busca legitimidad internacional, pero que en la práctica apunta a organizar la salida de miles de personas que hoy se encuentran en situación irregular, principalmente provenientes de Venezuela.

El gobierno peruano argumentó riesgos de seguridad, falta de garantías de continuidad del tránsito y la posibilidad de que los migrantes terminen quedándose en su territorio. Más allá del lenguaje diplomático, el mensaje fue claro: no habrá libre tránsito masivo de personas sin documentación suficiente. Este bloqueo obliga a replantear el plan, pero también abre un escenario migratorio mucho más inestable.

La experiencia internacional nos ha enseñado que cuando se cierra una vía institucional para la movilidad, pero se mantiene una fuerte presión política para salir del país, el flujo no desaparece, simplemente cambia de forma.

De esa manera, el primer fenómeno que tiende a intensificarse es el aumento del coyotaje y de las rutas informales. Las personas que sienten urgencia por cumplir plazos, evitar controles o escapar de un clima de hostilidad comienzan a recurrir a redes ilegales que ofrecen cruces por pasos no habilitados, muchas veces a través del desierto, zonas de alto riesgo o trayectos controlados por organizaciones criminales. Esto no solo incrementa el peligro para los propios migrantes, sino que fortalece economías ilícitas que se alimentan de la desesperación y la falta de alternativas. Pero también puede llegar a generar roces diplomáticos con los países vecinos.

Un segundo escenario es el intento de forzar una solución aérea. Si la vía terrestre queda cerrada, la presión política de la ciudadanía chilena puede empujar al gobierno a intensificar vuelos de expulsión.

Sin embargo, esta opción es costosa, depende de la cooperación del país de destino y tiene un límite operativo evidente. Si los países receptores no aceptan los vuelos o los restringen, el sistema entra en un cuello de botella que genera frustración interna, acumulación de personas en espera y un desgaste político significativo. En el caso de los migrantes venezolanos, a pesar de que Nicolás Maduro ya no está en el poder, el chavismo sigue liderando las instituciones de Venezuela. Por lo tanto, las relaciones diplomáticas aún no parecen tener fecha de restablecimiento.

Un tercer fenómeno, menos visible pero igual de relevante, es la migración interna y la clandestinización. Ante la imposibilidad de salir por el norte y el aumento de controles en los grandes centros urbanos, muchos migrantes optan por desplazarse hacia zonas rurales o al sur del país, o simplemente “desaparecer” del radar institucional.

Lo anterior, dificulta la trazabilidad, debilita los procesos de regularización y genera bolsas de población altamente vulnerable, con menor acceso a salud, educación y protección social, lo que a largo plazo incrementa los riesgos sociales y sanitarios.

También, emerge un efecto territorial en la frontera norte. Ciudades como Arica pueden transformarse en espacios de acumulación y estancamiento de personas que no pueden avanzar hacia el norte ni desean regresar al centro del país. Este limbo humanitario tiende a tensionar los servicios locales, aumentar la informalidad y alimentar percepciones de abandono estatal, generando conflictos comunitarios y desgaste institucional.

Desde una mirada estructural, insistir en una política centrada casi exclusivamente en la expulsión masiva produce un impacto bidimensional. Por un lado, responde a una demanda legítima de orden y seguridad. Pero por otro, activa tensiones económicas, laborales y sociales que no siempre son consideradas en el debate público. La población migrante tiene una alta tasa de participación laboral y un peso relevante en sectores como comercio, servicios, hotelería, agricultura y construcción. Una salida abrupta o desordenada puede generar escasez de mano de obra, presiones inflacionarias y pérdida de dinamismo económico, especialmente en rubros donde la oferta laboral local es limitada.

A esto se suma el impacto fiscal de las propias expulsiones, que implican altos costos logísticos, administrativos y de seguridad, frente a un escenario donde la regularización podría generar mayores retornos tributarios y estabilidad social. La ecuación no es solo moral o política, también es económica y de eficiencia del Estado.

En el plano social, el discurso de ultimátum y control permanente tiende a instalar un clima de miedo e incertidumbre que no distingue siempre entre migrantes regulares e irregulares. Lo que erosiona la cohesión social, fomenta prácticas de discriminación y empuja a muchas familias a replegarse de la vida comunitaria, afectando la integración y la convivencia cotidiana.

El rechazo peruano al corredor humanitario no es simplemente un problema diplomático o un obstáculo logístico. Es un punto de inflexión que evidencia cómo las políticas migratorias, cuando no están acompañadas de acuerdos regionales sólidos y de una mirada integral, pueden desencadenar dinámicas migratorias más fragmentadas, más riesgosas y menos controlables. El desafío no es solo mover personas de un punto a otro, sino gestionar un fenómeno humano complejo, donde cada cierre de puerta tiende a abrir múltiples rutas informales, con costos sociales, económicos y humanitarios que terminan impactando a toda la región.