Montero se volcará en convencer de que la nueva financiación autonómica no es el cupo catalán
- El pacto PSC-ERC y el debate sobre un ‘cupo’ catalán
- Hacienda reformula el sistema sin sacar a Cataluña del régimen común
- Convencer al electorado: seis meses de pedagogía
- Lenguaje sencillo y cifras: el mensaje para Andalucía
- “Runrún” en el PSOE por los valores progresistas
Tras más de un año hablando de un régimen similar al del País Vasco y Navarra, fuentes gubernamentales admiten a Confidencial Digital que se ha tardado demasiado en concretar un plan que finalmente no excluye a Cataluña de la caja común, sino que se limita a reformular las pautas por las que se decide el reparto del dinero.
El pacto PSC-ERC y el debate sobre un ‘cupo’ catalán
Ahora la tarea se antoja más complicada que hace un año. El pacto entre el PSC y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa recogía una especie de régimen exclusivo para Cataluña, que excluía a la autonomía del sistema de financiación que rige para todas las comunidades, excepto País Vasco y Navarra; territorios históricos que gozan de derechos particulares desde hace siglos.
Gestionan su propia Hacienda, de modo que recaudan impuestos y los gestionan como consideran, y a cambio dan una parte al Estado por los servicios que dependen del Gobierno central.
Hacienda reformula el sistema sin sacar a Cataluña del régimen común
El Gobierno responde así a una petición tradicional del nacionalismo catalán y aprovecha para reformular un sistema vigente de renovación desde el 2014. Pero mientras el acuerdo entre Illa y ERC reflejaba la concesión de un ‘cupo’ similar al vasco, el texto presentado por Hacienda dista mucho de ser lo mismo. Tanto que no saca a Cataluña del régimen de financiación que rige al resto de territorios, y aleja el concierto al que aspiraba ERC.
Como adelantó ECD, los independentistas presionaron a Montero para obtener una financiación “singular”, como se denominó en un inicio, y se ha venido llamando desde la parte socialista y la nacionalista. Pero la vicepresidenta primera rechazó desde el primer momento conceder dicho privilegio, y apostó por la “ordinalidad” que también se pactó.
Convencer al electorado: seis meses de pedagogía
Pero en el Ejecutivo asumen que se lleva tanto tiempo mencionando la palabra “cupo”, “concierto” o “financiación singular” que deberán esmerarse para convencer al electorado de que no existe un régimen exclusivo para Cataluña y que tendrá que adaptarse al nuevo régimen —en caso de que se apruebe— competente para todo el país.
La ministra tiene seis meses para hacer pedagogía. En abril deberá abandonar el Gobierno para desembarcar en Andalucía y preparar las elecciones autonómicas en las que es candidata socialista; pero no eludirá este proyecto en campaña. El Ministerio y el partido en Andalucía se esmerarán en explicar al detalle el régimen de financiación propuesta la semana pasada.
Lenguaje sencillo y cifras: el mensaje para Andalucía
Una tarea que tratarán de abordar con un lenguaje sencillo, con cifras concretas, y lejos del léxico técnico que acostumbra a emplear el Ministerio en cuestiones de esta complejidad. El primer punto, asegurar que Andalucía es la más beneficiada porque es quien más dinero recibe en cifras absolutas —aunque no lo es en cantidad por habitante—.
El independentismo catalán lleva años exigiendo una mejor financiación para la Generalitat, pese a que se trata de una de las regiones más ricas y pudientes del país. Precisamente, el sistema de financiación funciona de manera similar al IRPF: aporta más el que más tiene, para poder ayudar a las comunidades con menor poder económico. Un orden que se pretende invertir, de forma que se adjudica el dinero en función de la ordinalidad: el que más aporta es el que más recibe.
“Runrún” en el PSOE por los valores progresistas
Para no incendiar al resto de comunidades y compensar a las menos ricas, Hacienda anunció que habría una inyección de dinero extra procedente del fondo de compensación. Pero la propuesta ha generado runrún en el PSOE porque no son pocos los que no comparten este régimen por considerar que va en contra de los valores progresistas: redistribuir la riqueza exigiendo más esfuerzo a quienes más tienen.