La Fiscalía investiga una cantera en Lugo que operó 15 años en terrenos sin autorización ni sanción de la Xunta
La explotación de Trinidade de Mondoñedo, denunciada por las asociaciones Mariña Patrimonio y Adega, también puede haber dañado dos castros inventariados y el Camiño Norte de Santiago
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La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación sobre la cantera Trinidad, entre los ayuntamientos lucenses de Mondoñedo y Lourenzá, por presuntamente afectar diez veces más superficie de la autorizada -hasta los 120.000 metros cuadrados- y, además, perjudicar los castros de Trinidade y As Flores -un mismo yacimiento, catalogado como dos bienes patrimoniales-, y el Camiño de Norte de Santiago. La asociación Mariña Patrimonio y el colectivo ambientalista Adega presentaron la demanda el pasado junio y el Ministerio Fiscal les comunicó, en un escrito datado el 22 de diciembre al que ha tenido acceso elDiario.es, que los hechos descritos en la misma pueden constituir delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico. Ha remitido la documentación al juzgado. Consultada por este periódico, la empresa que la explota, Canteras Santa Cecilia, ha declinado hacer comentarios. La Xunta de Galicia, también consultada y que en 2011 dejó caducar un expediente por hechos similares, asegura que “como siempre hace, colabora con la Fiscalía facilitando toda la información que solicita”.
La cantera Trinidade, ubicada en el lugar de Vilamor, comenzó a funcionar en 1998 para la extracción de cuarcita, material que se usa en suelos y pavimentos. Un año antes había obtenido su Declaración de Efectos Ambientais -equivalente a la actual Declaración de Impacto Ambiental-. Según los denunciantes, esta es aún hoy la evaluación ambiental de referencia de la cantera, pese a que esta también se dedica ahora a la cuarcita destinada a hormigón. “La actividad actual de la cantera en su conjunto no estaría amparada por una evaluación ambiental adaptada a su situación real ni por los usos que fue incorporando con el paso del tiempo”, sostienen. El permiso tramitado entonces habilitaba a la compañía a funcionar en terrenos de una superficie total de 12.100 metros cuadrados, de ellos 7.000 para la explotación “a cielo abierto con bancos de 5 metros de altura”. En 2011, una inspección de la Xunta de Galicia ya constataba en un informe al que ha tenido acceso este periódico “trabajos fuera del perímetro autorizado, que incumple las condiciones de otorgación del permiso minero”.
El expediente abierto por infracción grave quedó en nada: se archivó al caducar el procedimiento y la sanción propuesta por infracción administrativa grave, 30.000 euros, nunca se impuso. Tampoco se repararon “daños y pérdidas”. Al año siguiente, 2012, la Administración incoó un nuevo expediente por los mismos hechos. Mariña Patrimonio asegura que este tampoco llegó a término y aunque el asunto se judicializó, la sentencia no entró al fondo de la cuestión y se limitó a señalar que “si se pretendía sancionar, era necesario tramitar correctamente un nuevo procedimiento”. Según la asociación conservacionista y los documentos consultados por este periódico, ni las resoluciones administrativas ni las judiciales “desmienten los hechos materiales constatados en la inspección”. Es decir, que la cantera afectaba a más terrenos de los autorizados en su Declaración de Efectos Ambientais de 1997.
“Este historial es relevante porque muestra un precedente en el que se comprueban hechos calificados como infracción grave y, sin embargo, los procesos administrativos no producen consecuencias efectivas”, señalan los denunciantes. Y añaden que, a partir de 2018, nuevas inspecciones administrativas, a raíz de nuevas demandas de estos colectivos, fueron realizadas por un funcionario que ocupaba un cargo directivo en el mismo Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia en el que un directivo de la cantera también lo hacía. “Es un hecho institucional que puede ser relevante a la hora de valorar la apariencia de imparcialidad del control administrativo”, afirman las entidades denunciantes. Tampoco prosperaron. En 2019, la propia Fiscalía archivó otra denuncia, impulsada por Adega, por daños al patrimonio. La demanda que ahora admite incluye más y nueva documentación.
Los 120.000 metros cuadrados
La afección de la cantera Trinidade más allá de los 12.100 metros cuadrados, consignada en las inspecciones administrativas de 2011 y 2012, puede alcanzar hasta los 120.000 metros cuadrados, incluyendo no solo la zona de extracción sino también áreas ocupadas por movimientos de tierra, explanaciones, depósitos de materiales, pistas internas y otras instalaciones. El escrito que la Fiscalía remite al juzgado así lo recoge. Mariña Patrimonio y Adega basan sus estimaciones en imágenes obtenidas mediante el visor de ortofotografías (imágenes aéreas corregidas para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva) del Catastro Mineiro de Galicia. Y recuerdan que ya en el año 2008, el Concello de Mondoñedo había detectado que los labores de la cantera ocupaban ya 50.838 metros cuadrados.
El ayuntamiento se preocupaba en ese momento por los efectos de la extracción de cuarcita sobre el Castro da Trinidade-As Flores, inventariado y catalogado como dos castros distintos. En 2010, el Servizo de Arqueoloxía de la Xunta de Galicia constataba su “práctica destrucción total”. Unos años más tarde, su departamento en Lugo solicitaba descatalogarlo. Mariña Patrimonio denunció que el trámite no se ajustaba a derecho y lo paralizó. El Concello de Mondoñedo lo incluyó como yacimiento catalogado en su último PXOM, de 2018. La empresa lo recurrió ante el Contencioso Administrativo, que le dio la razón en 2022. El castro continúa, sin embargo, catalogado, según las entidades denunciantes comprobaron en la Dirección Xeral de Patrimonio.
La Lei de Patrimonio de Galicia de 2016 prohíbe explícitamente “las explotaciones mineras y canteras, incluidas las extracciones de grava y arena” en el “ámbito delimitado del territorio histórico de los Camiños de Santiago”. Según los denunciantes, las actividades de Canteras Santa Cecilia la incumplen. El escrito de la Fiscalía relaciona lo presuntamente sucedido con dos artículos del Código Penal, el 319 -delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo- y el 322 -delitos de prevaricación relacionados con patrimonio histórico. Las afectaciones sobre los castros catalogados y sobre el Camiño de Santiago implican, para Mariña Patrimonio y Adega, “obligaciones reforzadas de prevención y autorización”.
Solicitud de ampliación pendiente
El pasado mes de junio, Canteras Santa Cecilia solicitó a la Xunta de Galicia ampliar la explotación en 52.040 metros cuadrados. La Consellería de Economía e Industria sometió la petición a información pública. Mariña Patrimonio y Adega presentaron alegaciones y la resolución todavía no se ha publicado.