El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido este miércoles a Moncloa de que la ordinalidad constituye su «línea roja» en el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica por ser «incompatible con la igualdad». Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informa a las comunidades autónomas sobre la propuesta del Ejecutivo. Ruiz Molina ha dejado claro desde el inicio que Castilla-La Mancha acude a la reunión con una posición crítica ante un modelo que, a su juicio, « nace del chantaje de los independentistas catalanes que lo único que buscan son privilegios que traducido en el tema de que estamos hablando es más financiación que los demás». En este sentido, ha subrayado que la ordinalidad supone una quiebra del principio de igualdad entre territorios y ciudadanos, algo que el Ejecutivo regional no está dispuesto a aceptar. El consejero ha explicado que para el Gobierno de Castilla-La Mancha la ordinalidad implica que «aquellas comunidades autónomas que tienen mayor capacidad tributaria tienen derecho a mayor financiación y por lo tanto a que sus ciudadanos puedan recibir los servicios públicos en mejores condiciones que los demás». Un planteamiento que, trasladado al conjunto de la sociedad, lanza un mensaje que considera inaceptable : «que quien paga más IRPF porque tiene mayor capacidad económica tiene derecho a ser mejor tratado en relación con los servicios públicos». Por ello, Ruiz Molina ha insistido en que la ordinalidad «es una línea roja» y ha recalcado que «es indefendible desde cualquier postulado de la izquierda». Desde su punto de vista, la igualdad significa «que todos podamos prestar los servicios públicos con el mismo nivel de calidad, con independencia de la capacidad económica que tengan los ciudadanos y con independencia de la capacidad económica que tengan los territorios en los que residan esos ciudadanos». De ahí que haya reiterado que «la ordinalidad es incompatible con la igualdad». Junto a este rechazo de fondo al modelo planteado, el consejero de Hacienda ha situado como segunda gran crítica la falta de transparencia con la que, según denuncia, se está abordando la reforma de la financiación autonómica. Ruiz Molina ha calificado de «inaudito» que las comunidades no dispongan de información detallada sobre una cuestión de tanta relevancia. «En materia de financiación autonómica, en la historia de la financiación autonómica, no dispongamos de esos datos precisos y la única información que tengamos sea consecuencia de los apuntes que tomamos de la rueda de prensa de la vicepresidenta y del dossier de prensa que obtuvimos del gabinete de prensa del propio ministerio», ha señalado. En este punto, ha denunciado que la información clave sobre el modelo no está al alcance de todas las comunidades autónomas. «Está claro que esos datos solo los tiene el Estado, los independentistas y parece ser que también el presidente de la Generalitat», ha afirmado, subrayando la asimetría informativa con la que, a su juicio, se está gestionando el proceso. Ruiz Molina ha insistido en la necesidad de conocer los detalles técnicos de la propuesta para poder valorarla con rigor. «Para nosotros es muy importante tener esos datos porque queremos saber por un lado cómo se llega a ese incremento de financiación para cada una de las comunidades autónomas», ha explicado, aunque ha recalcado que lo esencial es conocer el resultado final: «con qué volumen de recursos vamos a contar las comunidades autónomas en el año 2027». Solo así, ha añadido, se podrá determinar «si se ha hecho con un criterio racional o con un criterio caprichoso para llegar al resultado que todos conocemos en relación con Cataluña». El consejero ha denunciado también la ruptura del principio de multilateralidad, uno de los pilares que, según ha recordado, fue aprobado en el último Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla. Ruiz Molina ha afirmado que «no se ha negociado en el seno del Partido Socialista» y que «se están incumpliendo dos resoluciones que aprobamos en el último Congreso Federal». En concreto, ha criticado que «se ha negociado de manera bilateral con una gravante que no se ha negociado con una comunidad autónoma, se ha negociado con un partido que no tiene representación en el gobierno». Aunque ha considerado «lógico» que el Gobierno inste al Partido Popular a presentar su propia propuesta de financiación, ha lamentado que ese mismo debate no se haya producido previamente dentro del PSOE. A su juicio, la negociación bilateral con los independentistas no solo rompe la multilateralidad , sino que condiciona el resultado final del modelo. Frente a este planteamiento, Ruiz Molina ha defendido un sistema alternativo basado en la igualdad real entre territorios. «Desde Castilla La Mancha lo que defendemos es un modelo de financiación que iguale la financiación por habitante ajustado», ha señalado. En su opinión, si todas las comunidades perciben la misma cantidad por este criterio, «ya no podemos hablar de orden, pero sí que podemos hablar de igualdad », que es, ha concluido, el principio que debe regir cualquier reforma de la financiación autonómica.
