El Partido Popular va a a presentar mociones en todos los ayuntamientos de España para reclamar una financiación local «justa, suficiente y actualizada», y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que no aborde únicamente la financiación autonómica sin tener en cuenta a los ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales. La iniciativa ha sido acordada en una reunión celebrada en Toledo, en la que han participado el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo; y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, entre otros responsables del partido. Durante su intervención, Bendodo ha subrayado que «es tan importante la financiación autonómica como la local» y ha reclamado al Gobierno de España que tenga en cuenta a los ayuntamientos y «no los ningunee», recordando que el PP ha presentado en los últimos años numerosas propuestas para mejorar la financiación local que el PSOE «ha tirado a la papelera». «El ayuntamiento es la primera puerta a la que llaman los ciudadanos», ha defendido Bendodo, quien ha advertido de que las entidades locales «no pueden ser los hermanos pobres de la Administración». En este sentido, ha reclamado una reforma urgente del modelo de financiación local, vigente desde 2002, y se ha comprometido a impulsar desde la FEMP un debate previo y consensuado con todas las fuerzas políticas. El dirigente popular ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no hablar de financiación local, algo que ha atribuido a que es « el gran moroso de los ayuntamientos y el que más dinero les debe». Según Bendodo, el Ejecutivo adeuda alrededor de 3.000 millones de euros a los consistorios por la compensación de las plusvalías durante la pandemia del Covid, mientras «los utiliza como cajeros automáticos para recaudar». Asimismo, ha denunciado el «desprecio» del Gobierno hacia los ayuntamientos al no convocar la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), ni siquiera de forma paralela al Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que, a su juicio, demuestra que «a Sánchez no le importan ni los ayuntamientos ni las diputaciones». Bendodo también ha avanzado que las mociones que presentará el PP incluirán la exigencia de reformar el modelo de financiación local, la derogación de la tasa de basuras —que ha calificado de «lastre para los ciudadanos»— y la autorización para que los ayuntamientos puedan invertir sus remanentes en vivienda, infraestructuras e inversiones productivas. «Los alcaldes no quieren cobrar esa tasa, pero el Gobierno de Sánchez ha convertido una recomendación europea en una obligación», ha denunciado. «Los ayuntamientos son los grandes gestores de las administraciones públicas, ahorran y no gastan más de lo que recaudan, pero el Gobierno les impide utilizar su propio dinero», ha lamentado, al tiempo que ha acusado a Sánchez de anteponer su «supervivencia personal» a un modelo de financiación «justo, solidario e igual para todos los españoles». Por su parte, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha lamentado que la financiación local no se haya reformado desde 2002, mientras los ayuntamientos aplican «todos los días» una Ley de Bases de Régimen Local de 1985. En este contexto, ha exigido al Gobierno que convoque a los consistorios y «los escuche», del mismo modo que se hace —o no— con las comunidades autónomas. García-Pelayo ha recordado la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por la falta de convocatoria de la CNAL y ha advertido de que, si el Ejecutivo no reúne a los ayuntamientos, «tendrán que ser los jueces quienes le obliguen». «Es imposible que España funcione si los ayuntamientos no funcionan», ha afirmado, criticando que el Gobierno negocie un modelo de financiación que «premia a Cataluña y reparte migajas al resto» sin contar con las entidades locales. La presidenta de la FEMP ha concluido asegurando que los ayuntamientos «no se rendirán» y que seguirán reclamando su derecho a ser escuchados, a negociar y a decidir sobre un modelo de financiación que garantice la prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
