Gobierno declara emergencia energética y social por crisis de combustible
En respuesta al proceso inflacionario, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustibles, el presidente Rodrigo Paz Pereira aprobó junto a su gabinete el Decreto Supremo 5517, que declara “Emergencia Energética y Social” en todo el territorio nacional y habilita un conjunto de medidas excepcionales para enfrentar la crisis.
La norma tiene como objetivo garantizar el suministro continuo de energía y combustibles, reactivar la producción y contribuir a la recuperación de la economía, con la meta de “devolver la calidad de vida a las y los bolivianos”, según establece el propio decreto.
La declaratoria tendrá una vigencia de un año y las disposiciones adoptadas son de carácter excepcional, temporal e inmediato.
Entre las medidas centrales, el decreto autoriza a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo a Precio de Importación y/o Pre-Terminal, siempre que cuenten con capacidad de almacenaje propia o alquilada y en el marco del libre acceso no discriminatorio a la infraestructura de hidrocarburos.
Decreto 5517
Asimismo, ante el “déficit extremo” en el abastecimiento, se dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas. Esta decisión elimina, por un periodo de un año, la exigencia de Autorización Previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas, con el fin de asegurar el suministro oportuno para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país. La subpartida arancelaria correspondiente al diésel también fue retirada temporalmente del Arancel Aduanero de Importaciones.
El decreto instruye a la Aduana Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras instituciones competentes a adecuar sus procedimientos internos en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la publicación de la norma. En paralelo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el libre acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector en un plazo de hasta quince días hábiles.
Desde el Ejecutivo se señaló que estas medidas buscan dar certidumbre a la población y sentar las bases para la reconstrucción integral de la economía boliviana en un contexto marcado por restricciones externas y tensiones internas en el mercado energético.
Estos artículos estaban incluidos en el polémico Decreto Supremo 5503, el cual fue abrogado oficialmente el martes, debido a que muchos de sus artículos fueron calificados como “inconstitucionales y entreguistas”.
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