La Fiscalía de Memoria abre expediente para estudiar un manifiesto contra la condena "sin pruebas" al ex fiscal general

La Fiscalía de Memoria Democrática, unidad adscrita a la Fiscalía General del Estado, ha abierto un expediente gubernativo para estudiar el manifiesto de 49 asociaciones memorialistas, la mayoría de Andalucía, que criticaba duramente la sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, anterior jefe del Ministerio Público, condenado a una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión de fraude fiscal por parte del comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El manifiesto defiende la necesidad de una justicia democrática y respetuosa de todas las garantías procesales y concluye que los cinco magistrados del Supremo que firmaron la sentencia condenatoria contra García Ortiz no respetaron dichas garantías en el juicio contra el anterior fiscal general.

La apertura de un “expediente gubernativo” por parte de la fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, es la respuesta a aquel manifiesto suscrito por medio centenar de asociaciones memorialistas de España, que el mes pasado hicieron llegar a la Fiscalía denunciando que la sentencia contra García Ortiz abría “una grieta” que hacía “peligrar” la credibilidad de las instituciones democráticas. “En democracia no se condena sin pruebas”, advertía el documento.

“No hay una sola prueba”

Las 49 entidades firmantes, que aglutinan a todos los colectivos memorialistas de Andalucía, se alinearon con la opinión discrepante de las dos magistradas del Supremo que emitieron los dos únicos votos en contra de la condena suscrita por los otros siete integrantes del Tribunal: “No hay una sola prueba que demuestre, sin equívocos ni especulaciones, la participación directa del fiscal general” en la filtración de la confesión de fraude de la pareja de Ayuso, advierten.

El manifiesto dirigido a la nueva fiscal general del Estado que sustituyó a García Ortiz, Teresa Peramato, es una dura denuncia del proceso judicial, pero no incluye ninguna petición específica al Ministerio Público, más allá de “reclamar una democracia efectiva que respete el mandato de la ciudadanía”. El texto recalca la “oposición” de las organizaciones firmantes “a que se condene a ningún ciudadano sin pruebas y a que se transgreda la presunción de inocencia, principio inspirador del orden penal recogido en tratados internacionales y regulado en la Constitución española como derecho fundamental”.

El pasado viernes, la Fiscalía de Memoria respondió a las 49 entidades memorialistas con un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, confirmando que analizarán el manifiesto: “Se ha procedido a incoar expediente gubernativo a los efectos de proceder al estudio de las medidas tendentes al cumplimiento de los fines señalados en el manifiesto remitido”.

Fuentes fiscales señalaron que la apertura del expediente gubernativo no significa la apertura de una investigación a los magistrados del Tribunal Supremo por la sentencia contra el fiscal general, sino una especie de acuse de recibo del manifiesto remitido a ese departamento.

Las entidades memorialistas exponían en el manifiesto su interés en que “se adopten las medidas necesarias para que en España se garanticen los derechos y los mecanismos judiciales que aseguren un proceso justo y equitativo para todos los ciudadanos”.