Hace poco más de un año, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó con los votos favorables de PP y Vox la Modificación Puntual número 53 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad , una operación con la que se pretendía poner en valor unos suelos junto al cementerio de San Fernando que llevaban años bloqueados para construir en ellos una nueva promoción de más de 700 viviendas. Se trata de la parcela que en su día ocupaba la antigua fábrica de Cross en el barrio de San Jerónimo y en la que también habría espacio para un 40% de pisos de protección oficial, es decir, a precios asequibles, para responder a la elevada demanda existente. Sin embargo, la tramitación urbanística de este proyecto se dio de bruces con un inconveniente inesperado. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía emitió un informa desfavorable y vinculante por el que quedaba paralizado el proyecto. Esgrimía la administración andaluza en su escrito que no se podía descartar un impacto negativo en la salud de los futuros residentes . En este escrito de Evaluación de Impacto en la Salud dictado el 28 de enero de 2025 y reiterado posteriormente, se consideraban insuficientes los argumentos esgrimidos por la Junta de Compensación que gestiona estos terrenos, indicando que no se justificaba adecuadamente las emisiones procedentes de los crematorios del cementerio . Por tanto, no se podían descartar «efectos crónicos en la salud». Desde entonces, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Compensación de estos suelos han estado trabajado en nuevos informes que respondan a estas exigencias, con el objetivo de poner en marcha la construcción de las viviendas. El último, y parece ser que el definitivo, se ha aprobado hoy en el Pleno ordinario del mes de enero , gracias a los votos del gobierno local y al apoyo de los tres ediles de Vox. Un texto que responde una a una a todas las exigencias esgrimidas por la Consejería de Salud y en el que se han tenido en cuenta sus peticiones para cambiar el sentido del dictamen emitido con anterioridad. Una «aclaraciones», según ha señalado hoy el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, que aceleran este nuevo barrio . Ya sólo resta que el documento sea remitido a Sanidad para que definitivamente dé su autorización, algo que se espera que pueda ocurrir en un corto espacio de tiempo y que, a partir de ahí, se apruebe definitivamente en el Pleno. Los dos grupos políticos de la izquierda han mostrado su contrariedad por esta aprobación. La primera en hacerlo fue la concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo , que calificó esta operación como «otro pelotazo del PP» que, además, «tiene riesgos para la salud». En este sentido, ha insistido en que «inicialmente, el objetivo de este proyecto era construir 720 viviendas de las que 440 se convirtieron por arte de magia en libres ». Un asunto que «debería requerir un inicio nuevo del trámite», porque «estamos hablando de una de las zonas donde más ha subido el precio de la vivienda en toda la ciudad, concretamente un 23% en el último año». En la misma línea se manifestó el concejal del PSOE, Francisco Javier Páez, cuyo partido diseñó esta modificación urbanística cuando estaban en el gobierno y que ahora rechazan. En este sentido, se ha referido al informe de la Consejería de Salud, señalando que advierte que «no justifica la omisión de algunos parámetros de metales como el plomo, el arsénico, el níquel o el cadmio» , algo que calificó de «cuestiones gravísimas». A ambos respondió el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, indicando que este documento de Sanidad responde a «un proceso garantista» para cambiar el PGOU y que lo que se ha aprobado es «una aclaración». Al respecto, y ante las críticas, ha insistido en que su gobierno defiende que «esa parcela tiene que adaptarse a la realidad», indicando que «habrá equipamientos, espacios públicos, zonas verdes, un SIPS y un 40% de viviendas protegidas».
