Un abogado del Estado, clave en el «caso fontanera» y Plus Ultra
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue analizando la inmensa cantidad de información incautada en los registros de la conocida como «trama Leire», la que afecta a las actividades de la exmilitante del PSOE Leire Díez en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Entre toda la documentación, hay un nombre que sirve para ligar esta causa con otras investigaciones judiciales. Es el del abogado del Estado Francisco Javier Loriente.
Una de las operaciones bajo la lupa de los agentes es el rescate de la compañía vasca Tubos Reunidos. En enero de 2021, la empresa solicitó una ayuda pública de 115 millones de euros debido al impacto que tuvo en sus cuentas la pandemia de la Covid-19. En julio de ese año, el Consejo de Ministros dio luz verde a la operación, que se terminó canalizando a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El máximo responsable de aquel rescate en la SEPI era, por aquel entonces, Loriente, que llegó al ente público en 2019. Según la documentación oficial, era el presidente de la Mesa de Contratación, es decir, el encargado del expediente de la ayuda concedida. En el organigrama del ente público, Loriente era secretario general y del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos.
El abogado del Estado salió de la industrial en junio de 2021, semanas después de aprobar el rescate de Tubos Reunidos, que investiga la Audiencia Nacional, y en plena polémica por el de la aerolínea Plus Ultra. El dinero destinado a esta empresa, 53 millones de euros, está siendo analizado por un juzgado de Madrid. La instructora sospecha que los dueños utilizaron el rescate para realizar un supuesto blanqueo de capitales.
Antes de entrar en la SEPI, Loriente fue el administrador único de Cofivacasa. Esta compañía está participada al 100% por la industrial, y además fue una de las sociedades registradas por la UCO dentro de la investigación de la «trama Leire». La Audiencia Nacional acaba de prorrogar el secreto de sumario de la causa un mes más, por lo que todavía se desconoce la implicación de la empresa en la que estuvo este alto funcionario antes de recalar en la SEPI.
Loriente estuvo presente en todos los organismos que ahora están en los tribunales. Una suerte de «perejil de todas las salsas». Es por eso que el Partido Popular aprobó recientemente que se le llamase en el marco de la comisión de investigación que se sigue en el Senado para dilucidar todos estos asuntos. Su nombre aparece junto a una veintena más, entre los que también aparece el del exvicepresidente de la SEPI en aquella época, Bartolomé Lora.
En esta causa judicial, la UCO apunta a que la trama, liderada presuntamente por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso, habría amañado contratos públicos por valor de 132,9 millones de euros. A cambio, los integrantes habrían recibido, al menos, 730.000 euros en comisiones que invirtieron en inversiones inmobiliarias. Además del rescate de Tubos Reunidos, hay sospechas en adjudicaciones de Enusa, Sepides y Mercasa.
Esta última compañía firmó un acuerdo con Servinabar 2000, la empresa que compartían Antxon Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que la Guardia Civil sostiene que sirvió para canalizar mordidas de obras públicas en contratos con Acciona. Este asunto judicial se investiga, por separado, en el Tribunal Supremo.
Como desveló LA RAZÓN, Leire Díez y el expresidente de la SEPI quisieron convertir Servinabar en una suerte de lobby al estilo de Acento, la consultora que fundaron los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, del PSOE y del PP respectivamente. Distintas fuentes desvelaron que el objetivo era hacer de Servinabar un ente con el que «asesorar» a empresas que quisiesen hacer negocios con la administración socialista. Además de hacer negocios, conseguirían, supuestamente, sacar del tablero de juego a Acento, a la que consideran parte de una rama socialista contraria a la que manda en la calle Ferraz.