Laporta admite un "incumplimiento contractual", pero niega el delito de estafa

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que este viernes ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 22 de la capital catalana como investigado en un presunto delito de estafa de 91.500 euros, ha negado haber engañado a la denunciante para invertir en 2016 en una empresa de la que era administrador, aunque ha admitido que fue un negocio fallido.

"Es un caso de incumplimiento contractual, no hay ni estafa ni engaño", ha declarado a su salida de la Ciudad de la Justicia el abogado de Laporta, Jordi Pujante, quien confía "en el cierre la investigación" al no tratarse "de una causa penal en ningún caso".

En la querella, además de Joan Laporta, aparecen el vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, y los ex directivos de la entidad Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron los hechos.

Yuste ha aplazado su comparecencia, prevista para hoy, al haberle sido notificada tarde la querella, y Sala i Martín y Oliver, que se encontraban ilocalizables en la primera notificación, volverán a ser citados en breve. Los hechos que se investigan datan de mediados de 2016, cuando la querellante invirtió, a través de un agente de banca privada, 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6 % de interés en Core Store, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportivo de Segunda División B a Segunda División.

La mujer "confíó en la reputación pública y credibilidad profesional de los intervinientes", según la querella, y desembolsó también otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objeto era la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona. Laporta figuraba entonces como administrador solidario de Core Store junto a Oliver, exdirector general durante su primer mandato como presidente de la entidad azulgrana, consejero delegado del Reus Deportiu hasta su desaparición y representante legal de CSSB Limited.

De los 104.000 euros invertidos, la denunciante solo logró recuperar 12.500 euros, en agosto de 2024, tras diversas reclamaciones por los reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades. "Era un proyecto del mundo de fútbol profesional que durante varios años estuvo funcionado de forma satisfactoria. Pero, a partir sobre todo de 2019 y 2020, por razones ajenas obviamente a la voluntad del señor Laporta, el proyecto desgraciadamente empezó a no funcionar de manera tan satisfactoria y ya no pudieron darse cumplimiento a esos contratos", ha explicado Pujante.

El abogado de Joan Laporta considera que la querella está "plagada de medias verdades y ciertas falsedades" y basada "en recortes de prensa convenientemente interesados o muy tendenciosos", y ha desvinculado "de la gestión directa" del citado proyecto al actual presidente del Barça.

Una estrategia que el abogado de la querellante, Pepe Oriola, ha calificado de "repetitiva" por parte de Laporta: "Él siempre dice que no sabe nada de CSSB, que era una figura formal y ejecutiva (en Core Store) y que todo lo ha hecho el señor Olivé".

Sin embargo, Oriola ha asegurado que "tanto los documentos, como las firmas, como los ingresos, como sus apariciones, demuestran lo contrario". Y ha desvelado que el próximo lunes presentará en el juzgado un contrato de su representada "firmado por Laporta como parte que había recibido el dinero".

Circunstancia que Pujante ha negado rotundamente: "El señor Laporta no intervino en la firma de ningún contrato, por lo que en ningún caso aparece su firma". Laporta, que según fuentes judiciales ha llegado a justificar en su declaración los impagos de Core Store en que estos estaban paralizados porque la empresa actualmente se encuentra investigada por Hacienda, tiene otros dos procedimientos abiertos por otras inversiones fallidas en el mismo proyecto.

Los tres llevados como acusación particular por Oriola, que pedirá al presidente del Barça seis años de cárcel por un delito de estafa agravada en cada caso si finalmente se llega a juicio.