Tres años de impunidad
El 9 de enero de este año se cumplieron 3 años de las protestas en Juliaca que dejaron un lamentable saldo de 18 personas fallecidas y cientos de heridos. En momentos en los que se niega lo sucedido y, sobre todo, las afectaciones que sufrieron a adolescentes y niños, es importante hacer un ejercicio de memoria para no olvidar los hechos y a las víctimas que piden justicia.
Por ello, es necesario recordar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en abril del 2023. La CIDH no solo se refirió a los hechos de violencia sino a la situación de desigualdad estructural y estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales de las víctimas, mediante el “terruqueo” tan común en nuestro país y que pone en pone en situación de vulnerabilidad a las personas que ejercen su derecho a la protesta.
En este punto, recordemos que este derecho se basa en la libertad de expresión y asociación asi como en el derecho a la reunion pacifica reconocidos en los diferentes tratados de derechos humanos de los que el Peru es parte y que son fundamentales para la democracia. Los estándares internacionales han establecido, además, que los actos aislados de violencia no convierten automáticamente una protesta pacifica en una violenta y, por ello deben ser identificados para aplicar la ley como corresponda. Asimismo, la criminalización de la protesta como, por ejemplo, la absurda propuesta del gobierno anterior de crear el delito de “terrorismo urbano”, viola las obligaciones del Estado. Finalmente, el uso de la fuerza debe ser proporcional, sin permitirse el uso de armas prohibidas por el derecho internacional.
En la actualidad, las familias de las víctimas de Juliaca siguen esperando respuesta a sus reclamos. En una semana donde el encargado de la Presidencia se jacta de hacerse presente a todas horas y en todo lugar, me pregunto qué tiene que pasar para que escuche a las víctimas y responda a sus demandas de verdad y justicia.