Esta mañana a las puertas a las puertas del colegio público Gregorio Marañón, en el barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo, se respiraba un ambiente más tranquilo de lo habitual. Faltaba el bullicio de niños apelotonados a las afueras esperando a que abrieran para entrar en clase. Las puertas se abrieron más temprano que otros días y, pocos eran los padres que llevaban a sus hijos a clase. La situación era diferente. Incluso un coche de la Policía Nacional merodeaba por las inmediaciones. Un panorama que respondía a la convocatoria de algunos familiares del centro que animaban a todos los progenitores del centro a que no llevaran a sus hijos al cole en señal de protesta por las reiteradas «agresiones violentas» de un alumno tanto a estudiantes como a los docentes . Según las estimaciones de las familias que se encontraban a las puertas del centro, el seguimiento de la protesta ha sido «masivo». Apuntan que tan solo un 10% del alumnado habría acudido al centro . Datos que quedaban reflejados en la asistencia a las aulas donde en una clase de 24 alumnos solo acudieron cuatro, como apuntaba otro familiar. Y, aunque pocos, también hubo padres que optaron por llevar a sus hijos a clase. Muchos de ellos coincidieron en el fondo del problema: la gravedad de la situación y la necesidad de actuar, pero no en la forma de la protesta. «Entiendo el malestar y lo apoyo, porque es una situación que a nadie le gusta y yo tampoco quiero que sean mis hijos los perjudicados, pero no somos los padres quienes podemos solucionar esto», explicaba una madre a las puertas del colegio. A su juicio, la respuesta debe venir «del equipo directivo y de las administraciones, que son quienes tienen capacidad real para atajar el problema, no de los padres». La conciliación familiar ha sido uno de los principales motivos para no sumarse a la protesta. «Yo no puedo dejar de traer a los niños al colegio. Trabajo, mi marido está fuera y no tenemos con quién dejarlos», señalaba otra madre. Una academia cercana se ofreció a acoger a los menores durante la mañana, pero muchas familias descartaron esa opción por la incompatibilidad de horarios, especialmente para quienes utilizan el servicio de comedor escolar. Además, varios progenitores apelaban al carácter obligatorio de la educación. «La educación es obligatoria y no me parece justo que por un solo alumno dejen de venir más de cien niños », afirmaba una madre, que recalcaba que su postura no implica tolerancia hacia la violencia. «Todo lo que se haga para frenarla me parece bien, pero no creo que esta sea la vía». Sobre las posibles soluciones, el debate se repite. Muchos consideran que el colegio ha llegado hasta donde puede llegar. «Al final, el centro expulsa al alumno tres días o una semana, pero luego vuelve a clase. Ahí ya no depende solo del colegio», apuntaba una madre, que reclamaba la intervención de servicios sociales u otras instancias superiores. Otros mencionan la posibilidad de centros especializados, aunque reconocen que estas decisiones no están en manos de las familias. Algunos padres creen incluso que la protesta debería haber partido del profesorado. «Si me preguntas mi opinión personal, los primeros que tendrían que estar en huelga son los profesores. Es un problema continuado y ahora mismo la afectada directa es una docente», señalaba una madre, que aun así reconoce que la movilización ha tenido un efecto porque «por fin, los mecanismos empiecen a moverse a una velocidad que no se había visto antes ». Pese a las discrepancias sobre la forma de protestar, todos los familiares coincidían en que la «situación es insostenible y requiere una respuesta firme y coordinada . No se trata de castigar a un niño dejando a otros cien sin clase », resumía una madre a las puertas del centro. « Se trata de proteger a todos: a los alumnos, a los profesores y también a ese menor, antes de que el problema vaya a más», sentencian.
