La venta que planea Blackstone tensiona el mercado del alquiler madrileño
La venta del fondo residencial Fidere, controlado por Blackstone, afecta a unas 5.400 viviendas en régimen de alquiler repartidas por la Comunidad de Madrid. Se trata de uno de los mayores paquetes de vivienda en alquiler en manos de un único propietario en la región, con un valor estimado que ronda los 1.200 millones de euros.
La estrategia del fondo pasa por desprenderse de todos los activos de forma conjunta, aunque no se descarta una venta por lotes si las condiciones del mercado lo aconsejan. En cualquier escenario, la gestión de las viviendas seguiría en manos de la misma estructura, un detalle que preocupa a las familias por el historial de revisiones de rentas en operaciones anteriores.
Una desinversión preparada durante años
El movimiento no es improvisado. Blackstone ya intentó vender Fidere en 2019, pero la evolución del mercado inmobiliario y la llegada de la pandemia frenaron la operación. En 2023, el fondo refinanció la deuda de la filial, un paso interpretado en el sector como previo a una desinversión ordenada.
El calendario que manejan los intermediarios sitúa el cierre de la operación, como pronto, en el segundo semestre de 2026. Durante ese periodo, miles de contratos de alquiler quedarán expuestos a un posible cambio de propietario en un contexto de fuerte presión sobre los precios del alquiler en Madrid.
El papel de la gestora y los antecedentes
Las viviendas de Fidere están gestionadas por Testa Homes, una plataforma que también administra otros activos residenciales de gran volumen. En ejercicios anteriores, la firma ya fue señalada por subidas de alquiler que tensaron la relación con los inquilinos, un antecedente que alimenta el temor a nuevos incrementos tras la venta.
Viviendas que fueron públicas y dejaron de serlo
Una parte relevante del parque de Fidere tiene un origen público. Se trata de viviendas que pertenecieron a la administración autonómica y que, tras perder su protección al cumplir el plazo legal —entre 10 y 15 años—, salieron al mercado y fueron adquiridas por fondos de inversión.
Ese antecedente añade una dimensión política a la operación. La Comunidad de Madrid dispone de un mecanismo legal que podría alterar el resultado de la venta y devolver esos inmuebles al ámbito público.
El derecho de tanteo y retracto
El derecho de tanteo y retracto, recogido en el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, permite a la administración adquirir una vivienda en las mismas condiciones pactadas con un comprador privado o incluso subrogarse en una venta ya cerrada.
Aplicado a una operación de este tipo, el mecanismo permitiría a la Comunidad de Madrid recuperar miles de viviendas sin pagar un sobrecoste adicional, incorporándolas de nuevo al parque público y garantizando la continuidad de los inquilinos.
Un instrumento legal que ya se ha utilizado
Otras comunidades autónomas han recurrido a esta herramienta en situaciones de emergencia habitacional. En la Comunitat Valenciana, tras el incendio del barrio de Campanar, la administración utilizó el tanteo para adquirir edificios completos y realojar a los vecinos afectados.
Estos precedentes refuerzan el debate sobre la inacción en Madrid, donde el Gobierno regional ha reiterado su rechazo a intervenir en el mercado del alquiler.
El posicionamiento político en Madrid
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han defendido de forma reiterada que la regulación no es la vía para resolver el problema de la vivienda. En este contexto, la activación del derecho de tanteo no parece estar sobre la mesa.
Desde la oposición, se advierte de que la venta de Fidere puede traducirse en subidas generalizadas de alquiler una vez cambie la titularidad de los inmuebles, una situación especialmente delicada en una región con una de las tasas de esfuerzo más altas para acceder a una vivienda.
El impacto directo sobre los inquilinos
Para las familias que residen en estas viviendas, la operación supone volver a situar su hogar en el centro de una transacción financiera. Aunque los contratos vigentes deben respetarse, la experiencia demuestra que los cambios de propietario suelen venir acompañados de revisiones al alza cuando finalizan los contratos.
La venta de Fidere convierte así a más de 5.000 hogares en una variable más de una gran operación inmobiliaria. El desenlace dependerá, en buena medida, de si la Comunidad de Madrid decide o no utilizar los mecanismos legales de los que dispone para intervenir.
Mientras tanto, la incertidumbre se instala entre los inquilinos, que observan cómo una decisión tomada en despachos internacionales puede condicionar su estabilidad residencial durante los próximos años.