El juez de las cloacas del PSOE interrogará a Gaspar Zarrías por sus pagos a Leire Díez
El juez que investiga las presuntas cloacas del PSOE cita a Gaspar Zarrías para interrogarle el próximo 16 de abril, a las 10:00 horas, por haberle dado trabajo a Leire Díez en su consultora, según consta en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Su declaración como investigado había sido solicitada por el Partido Popular, que forma parte de la acusación popular en esta causa, pero el instructor opta por escucharle en calidad de testigo. Tendrá que "manifestar su relación personal con los investigados (Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol) y la que pudo haber mantenido a través de su empresa. De momento, rechaza ordenar la entrada y registro en la sede de su mercantil, "sin perjuicio de lo que se pueda acordar posteriormente".
Los populares instaron a aclarar si desde Zaño Sociedad Consultora SL se pudo haber financiado la supuesta trama contra la Guardia Civil, rivales políticos, jueces y fiscales. El PP señaló, en este sentido, que Díez estuvo en nómina del lobby de Zarrías entre junio y octubre de 2024, época en que -según esta parte- ella trabajaría para Ferraz y habría desarrollado las maniobras de "fontanería política" que se le atribuyen.
Koldo y Ábalos no serán víctimas
Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid no permite a José Luis Ábalos, Koldo García y a Manos Limpias personarse como víctimas en el procedimiento que se sigue por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, "sin perjuicio de la posibilidad de poder personarse como acusación popular".
Sobre el exministro y su antiguo asesor, siguiendo el criterio del Ministerio Público, no los considera perjudicado porque la causa versa sobre delitos cometidos contra representantes de la Administración Pública, y por ser "meras alusiones mencionadas en noticias periodísticas" las afirmaciones que habría hecho Díez de que mantenía bajo su control la defensa jurídica" de ambos en el "caso Koldo".
En sindicato de Miguel Bernad se queda, de igual forma, fuera al entender el juez que "no tiene nada que ver con la presente instrucción" el hecho de que un artículo periodístico informase que la trama investigada habría accedido ilícitamente a correos suyos relacionados con el "caso David Sánchez".
Aplaza dos testificales clave
Además, el juez Arturo Zamarriego aplaza mediante otra resolución, conocida por este diario, la toma de declaración a dos testigos clave: Luis del Rivero y Alejandro Hamlyn. Los dos tendrán finalmente que acudir a Plaza de Castilla el próximo 9 de febrero, a las 10:00 horas.
El expresidente de Sacyr ejerció como intermediario para que Díez se reuniese con el fiscal Ignacio Stampa, que denunció que Díez y Dolset le plantearon una serie de ventajas profesionales, si facilitaba "trapos sucios" sobre el magistrado (ahora jubilado) Manuel García-Castellón, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y del fiscal José Grinda.
Hamlyn es el empresario al que Leire Díez habría ofrecido un pacto con el Ministerio Fiscal, a cambio de información que comprometiese a miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), especialmente uno de sus mandos, el teniente coronel Antonio Balas. El instructor, en cambio, rechaza tomar declaración a este último mando de la Benemérita, como reclamó Vox, al no estimarlo útil para la causa.
El juez Zamarriego deja constancia también de que la Policía Judicial no ha podido averiguar su paradero, ya que se encuentra huido de la Justicia en el extranjero por un millonario fraude en el sector de los hidrocarburos atribuido a su compañía Hafesa.
En cambio, el instructor sí que mantiene las testificales tanto de Santos Cerdán como del socialista Antonio Hernando para el próximo 2 de febrero. Ambos fueron citados después de que el investigado Javier Pérez Dolset les situase en las reuniones que declaró haber mantenido en Ferraz en dos ocasiones, tras el estallido del "caso Begoña Gómez".
Pide información a la AN
El juez Zamarriego ordena la UCO que "ponga en su conocimiento toda la documentación relativa" a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional (en la que está imputada Díez) en torno al supuesto amaño de cinco contrataciones de la SEPI y otros entes públicos por valor de 133 millones de euros. Es el procedimiento que lleva el magistrado Santiago Pedraz y en la que también están siendo investigados el expresidenta de la entidad estatal Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, vinculado a Cerdán.