Poder en Honduras: ladran, pero no muerden
La transición del poder en Honduras se desarrolla en un clima de aparente normalización política, pero con tensiones aún activas bajo la superficie institucional. Aunque el resultado electoral ha sido aceptado formalmente por el Ejecutivo saliente, el proceso no ha estado exento de intentos de desgaste legal y narrativo desde dentro del Estado. El centro de la disputa ya no está en las urnas, sino en los mecanismos que administran el traspaso del poder.
En perspectiva. La transición hondureña del poder se ha configurado como un proceso de doble carril de empuje.
- La presidenta, Xiomara Castro, ha aceptado formalmente el resultado electoral, ordenando el inicio del proceso de transición para el presidente electo, Nasry Asfura.
- La aceptación pública cumple una función narrativa: reduce el riesgo de inestabilidad transicional y de castigo de EE. UU., pero en paralelo, los operadores políticos del Gobierno han mantenido una estrategia de desgaste sobre la legitimidad electoral.
- La transición es administrada, no consensuada: el conflicto se expresa en tribunales y procedimientos legales y no en las estrategias típicas de la izquierda: movilizaciones y protestas.
Lo indispensable. Mientras el Ejecutivo reconoce el resultado, sus operadores han mantenido activos los frentes legislativo, municipal y judicial para cuestionar o ralentizar su implementación efectiva.
- En el Congreso, Luis Redondo, el actual presidente de la Junta Directiva, ha sostenido la deslegitimación legal del proceso desde la conducción legislativa, utilizando la agenda parlamentaria como plataforma para reabrir la discusión sobre el resultado electoral.
- En el ámbito municipal, Jorge Aldana, el alcalde del Distrito Central, ha replicado la estrategia desde la alcaldía, reforzando una narrativa institucional de impugnación, después de haber perdido por una diferencia de 888 votos contra el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.
- Paralelamente, Libre interpuso una serie de amparos para suspender la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de denegar el recuento de votos. No obstante, dada la configuración actual de la Corte Suprema de Justicia, los amparos tendrían altas probabilidades de ser declarados sin lugar.
Ecos regionales. Aun dado el conflicto legal interno del país, el mando político ya empezó a desplazarse con sus aliados geopolíticos.
- Nasry Asfura, bajo la égida del presidente Trump y Marco Rubio, ha asumido de facto la conducción de la política exterior, adelantándose a la toma de posesión y marcando territorio frente a actores internos que aún disputan la transición.
- Su visita a Washington y los contactos con Israel indican un alineamiento explícito con la política exterior de EE. UU., enviando una señal clara de continuidad estratégica y previsibilidad de relaciones internacionales bajo la doctrina Donroe.
- Este reconocimiento temprano funciona como blindaje y muestra de mandato: reduce el margen de maniobra de los operadores internos, encarece cualquier intento de ruptura y deja a Libre con una capacidad de presión decreciente con respecto al hegemon americano.
En conclusión. La transición hondureña ha dejado de ser un problema de reconocimiento político y se ha convertido en un proceso de administración institucional del cambio.
- Aunque persisten focos de ruido legal, el desplazamiento efectivo del poder ha reducido significativamente los incentivos para una escalada del conflicto.
- Con este reacomodo del poder, la transición debería fluir sin mayores sobresaltos, disminuyendo de forma apreciable el riesgo país y restaurando previsibilidad política en el corto plazo.