La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales.El asesinato de diez policías el fin de semana en represalia por la ocupación de tres cárceles donde pandilleros habían tomado a decenas rehenes llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, solo superado por el estado de guerra.Conflictos políticos internos en GuatemalaHay "cero control" sobre el sistema penitenciario, asegura el ex fiscal anti pandillas Juan Francisco Solórzano, quien cuestiona que los servicios de inteligencia no hubieran anticipado los ataques.La ofensiva criminal "no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales", sostiene de su lado Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.El ex fiscal fue destituido por la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga del presidente Arévalo y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, bajo acusaciones de solapar la corrupción.Mencionada asiduamente por el gobierno y organizaciones como parte del entramado que supuestamente protege a los delincuentes, la fiscal debe ser sustituida en mayo por el mandatario. Porras intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años con argucias legales.Un punto de quiebreLa ola de violencia de la pandilla Barrio 18 —considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos— se remonta a julio de 2025, cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno.Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación (Interior) y otros funcionarios.Lo del fin de semana "ya estaba programado como parte del plan" para "deslegitimar" al gobierno, sostiene el ex fiscal Solórzano.El motín en el penal Renovación I fue liderado porAldo Dupie,El Lobo, quien exigía ser enviado a una cárcel con menor seguridad y más comodidades como aire acondicionado, una cama grande y servicio de restaurante a domicilio, según el gobierno.Tras ser sometido, fue presentado públicamente arrodillado, con esposas y manchas de sangre, entonces se desataron los atentados.Buscan "sacar" al presidenteEste pico de violencia se produce en la antesala del cambio de fiscal general, así como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial que en los últimos años ha sido señalada de actuar en favor de redes de corrupción.Es un "mensaje" contra Arévalo por parte de "opositores políticos", afirma el ex fiscal Sandoval."Barrio 18 se siente protegido hoy por Consuelo Porras (...). Quieren sacar a Bernardo del poder", opina a su vez Solórzano, quien no obstante crítica la política de seguridad de Arévalo, un diplomático e intelectual de 67 años.Después de dos años de gobierno, "ya no valen excusas", dice.Condenado por varios homicidios, El Lobo tiene una relación sentimental con una sobrina de la dirigente opositora Sandra Torres, una ex primera dama quien ha perdido las últimas tres elecciones presidenciales en segunda vuelta.Barrio 18 y sus enemigos de la Mara Salvatrucha son dos poderosas mafias que operan además en Estados Unidos, Honduras y El Salvador, donde han sido sometidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele con una estrategia de mano dura señalada de violación de derechos humanos y supuestos pactos con un sector de la criminalidad, lo que el mandatario niega.La fiscal Porras, que rechaza tener tratos con criminales, aprovechó, sin embargo, los episodios de violencia para atacar a Arévalo."Sea serio, Presidente, asuma su responsabilidad y póngase a trabajar", dijo el miércoles 21 de enero a la prensa.Riesgo de nuevos ataquesArévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anticipó este miércoles 21 de enero que los ataques no van a cesar, pues es una reacción de las "élites políticas criminales" que temen perder el control de un sistema donde trafican corrupción, impunidad y "negocios turbios"."Nos están preparando para legitimar la mano dura" de cara a las elecciones generales de 2027, estima el fiscal Solórzano.Con una agravante, pues según dijo a la AFP,el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el poder económico de las pandillas les permite financiar "campañas o impulsar a sus propios candidatos".MD
