A través de su perfil personal en Instagram, el cantante Julio Iglesias (82 años) ha publicado una serie de conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas para demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él. Dos trabajadoras que aseguraron que el artista las agredió sexualmente y presionadas para mantener encuentros sexuales cuando trabajaban para él en régimen interno en sus mansiones del Caribe en 2021. Una empleada del servicio doméstico y una compañera fisioterapeuta que relataron al detalle las penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales que recibieron por parte de Iglesias. Ante estas gravísimas acusaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para analizar la denuncia a lo que el abogado del cantante, José Antonio Choclán , solicitó que su defendido interviniese en el interrogatorio a través de su defensa legal «para poder acreditar la falsedad de las imputaciones y defender su honor». Una petición que fue rápidamente rechazada por el Ministerio Público, que explicó que Julio Iglesias no podía intervenir, ni constar como personado, en el momento en el que se encuentran la investigación preprocesal abierta contra él por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos. Una respuesta con la que no está nada de acuerdo el cantante, quien ha decidido defenderse públicamente con un comunicado publicado en su perfil de Instagram: «Ante a la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente», ha comenzado diciendo a través de los stories de la red social. «Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados. La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatsaap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad», ha añadido en el comunicado. «Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad. A continuación, adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido», ha sentenciado justo antes de publicar una serie de capturas de pantalla de conversaciones con sus empleadas. «Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más», «Hola profesor! Buenas tardes me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios», «Hola profesor, cuando me necesites me llamas, estoy pendiente» o «Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, estas demás decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden!», son tan solo algunos de los mensajes que sus trabajadoras le escribían a su número personal a través de whatsapp. Después de que las extrabajadoras interpusiesen la demanda contra Julio Iglesias, su equipo legal solicitó en un primer momento el archivo de las diligencias preprocesales considerando que los tribunales españoles «carecen de jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado», teniendo en cuenta que las denunciantes no son españolas ni son menores de edad y que el cantante reside habitualmente en Punta Cana. En un escrito de 15 páginas, su abogado argumentó que la denuncia debería haber sido interpuesta en la República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía «debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional». «Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión», criticó el letrado, que apuntó que «no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente».
