El Tribunal Supremo impone 1.000 euros de multa a una madre por impedir que sus hijos vean a sus abuelos
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia que impone una multa de 1.080 euros a una madre por impedir que sus hijos mantuvieran contacto con sus abuelos paternos, desobedeciendo de manera grave una orden judicial firme.
La resolución de la Sala de lo Penal ratifica la condena por un delito de desobediencia, subrayando que el incumplimiento injustificado de un régimen de visitas establecido por un juzgado constituye una vulneración directa de la autoridad judicial, aun cuando no sea reiterado.
El origen del conflicto se remonta a una orden judicial dictada en marzo de 2019, que establecía un régimen de visitas para que los menores vieran a sus abuelos.
La madre fue notificada formalmente en febrero de 2020 para acudir a un Punto de Encuentro Familiar y, al no hacerlo sin causa justificada, se inició el procedimiento por desobediencia.
El Tribunal Supremo ha desestimado los argumentos de la defensa, que alegaba que para que existiera delito se necesitaba una conducta reiterada y que debían agotarse primero las vías civiles. Los magistrados consideraron que un único incumplimiento injustificado, tras una notificación legal y con una orden firme, era suficiente para acreditar la desobediencia grave.
La sanción económica y el mensaje de firmeza judicial
La pena impuesta y ahora confirmada por el alto tribunal consiste en una multa de seis euros diarios durante un periodo de seis meses, lo que asciende a un total de 1.080 euros. Esta modalidad de sanción, calculada en cuotas diarias, es habitual para delitos leves de desobediencia.
La sentencia también condena a la madre al pago de las costas procesales en caso de no abonar la multa. Aunque en este caso no se impuso pena de prisión, el Supremo recordó que en otros procedimientos similares con incumplimientos prolongados sí se han llegado a confirmar condenas de varios meses de cárcel.
La sentencia cierra la vía de recursos para la madre y ordena la ejecución definitiva de la condena, subrayando el papel de la autoridad judicial como garante última de los derechos reconocidos en el ámbito familiar.