Derecho a protestar… ¿o derecho a secuestrar un país?

Bolivia vive hoy una de esas paradojas tan nuestras y que tanto mal nos ha causado: el ciudadano que trabaja, produce y quiere circular libremente es tratado como sospechoso; mientras que el dirigente sindical que amenaza, bloquea, lanza dinamita y paraliza el país se presenta como paladín de los derechos humanos.

La amenaza de la COB de retomar medidas de presión y rechazar la Ley Antibloqueo no es una casualidad ni un exabrupto: es la consecuencia directa de un Estado que aflojó, retrocedió y perdió la última pulsera de autoridad cuando abrogó el decreto que había incomodado a la dirigencia sindical. El mensaje fue clarísimo: griten fuerte, que el gobierno se asusta.

Y claro, ahora “estitos” se sienten la bola del Papa. La COB: de central obrera a central de chantaje. Durante más de 20 años, la COB dejó de ser una organización de defensa genuina del trabajador para convertirse en cogobernante funcional del masismo, usufructuando privilegios, impunidad y poder político.

Hoy, reciclados en el gastado libreto de la “lucha social”, pretenden seguir imponiendo su ley: bloquear calles, cerrar carreteras y paralizar el país como si Bolivia fuera una hacienda sindical heredada. Actúan convencidos de que tienen el “derecho” divino a hacer lo que les da la gana, amparados en un gobierno que arruga y en una policía que mira, calcula… y se hace la distraída.

No representan al obrero moderno, ni al emprendedor, ni al transportista, ni al productor, ni al exportador, ni al joven que busca empleo. Representan a una élite dirigencial profesional del conflicto, que vive del caos, porque sin bloqueo no hay micrófono, sin micrófono no hay protagonismo… y sin protagonismo, se les acaba la platita que mantiene aceitado su pequeño imperio sindical.

Bloquear no es protestar: es delinquir Defendamos las cosas por su nombre. El derecho a la protesta no incluye:

Impedir el libre tránsito

Poner en riesgo vidas con dinamita

Destruir la economía de terceros

Secuestrar ciudades enteras

Cada día de bloqueo le cuesta al país millones de dólares en pérdidas, contratos incumplidos, exportaciones truncadas y mercados que no vuelven. En un país ya golpeado por la crisis, el bloqueo no es presión social: es sabotaje económico. Y el daño no es solo interno.

Bolivia se ha convertido en el país que nadie invita. Mientras aquí seguimos entretenidos en disputas sindicales del siglo pasado, la región avanza sin pedirnos permiso. Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Brasil acaban de consolidar el Corredor Bioceánico Vial (Capricornio), un acuerdo estratégico de integración vial y logística para unir el Pacífico con el Atlántico.

¿Bolivia? Quedó fuera del mapa, del trazo y del negocio. No por falta de geografía, sino por exceso de bloqueo, chantaje e inestabilidad crónica. Nadie apuesta por un país donde:

Las carreteras se cierran cuando a alguien no le gusta una ley; Las reglas cambian bajo amenaza… El Estado no puede garantizar tránsito, seguridad ni cumplimiento de contratos, ya que un corredor bioceánico necesita previsibilidad, no dinamita.

¿Ley antibloqueo? Sí, y urgente La Ley Antibloqueo no es autoritaria. Autoritario es que un grupo minoritario decida cuándo el país trabaja y cuándo no. Autoritario es imponer miedo como herramienta política.

La población sí quiere esa ley. La quiere el que necesita llegar al hospital, el que exporta, el que produce, el que viaja, el que paga impuestos. La quiere el ciudadano cansado de ser rehén.

Porque la ley debe ser para todos o no es ley. El Estado no puede seguir pidiendo permiso

Un Estado que tolera el bloqueo permanente deja de ser Estado y pasa a ser espectador.

No se trata de reprimir derechos, sino de hacerlos convivir: protestar sin destruir, reclamar sin paralizar, exigir sin amenazar. Bolivia no necesita gobiernos tibios ni autoridades con miedo al conflicto. Necesita un gobierno con pantalones largos y huevos bien puestos, que entienda que la autoridad no se negocia bajo chantaje.

Porque cuando el poder retrocede ante los mafiosos, no gana la democracia: gana la impunidad. Y la impunidad, como ya sabemos, siempre termina pasando factura.

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