Trabajo reúne este lunes a sindicatos y patronal para subir el SMI, con la propuesta del 3,1% y el escollo de los contratos públicos
El Ministerio de Trabajo y Economía Social reunirá este lunes, a las 10:00 horas, a los sindicatos y a la patronal, para seguir negociando la subida del SMI, con la propuesta de la parte gubernamental de revalorizar este indicador un 3,1%, manteniendo la exención de tributación. Esto cuenta con el apoyo de CCOO y UGT pero no de CEOE y Cepyme, que quieren un aumento menor y que se atienda su reivindicación de que los contratos públicos se actualicen con las subidas del SMI cuando las empresas se vean afectadas.
Este será el tercer encuentro formal para negociar el SMI, después del que tuvo lugar antes de Navidad y justo después de dichas fiestas. Ambos se desarrollaron tras la propuesta del comité asesor del Ministerio de Trabajo, que este año recibió el encargo de la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, de plantear una cifra con tributación y otra sin ella.
En concreto, si se terminaba con la exención de IRPF, los expertos proponían que el SMI creciera un 4,7% y, en cambio, si se mantenía, el repunte debería ser del 3,1%, siempre con el objetivo del Gobierno de que el SMI se mantenga ligado al 60% del salario medio en España, a la luz de los mandatos de la Carta Social Europea.
La opción elegida por Trabajo fue el 3,1%, lo que compartió también en público el Ministerio de Economía y su titular, Carlos Cuerpo. Además, mientras que el pasado año Díaz y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afrontaron tensiones por la tributación del SMI, en esta ocasión, Hacienda se mostró abierta a mantener la no tributación del SMI, elevando por tanto el máximo exento.
Pero nuevamente, el acuerdo tripartito se antoja difícil, por cuanto la CEOE planteó en diciembre un repunte del 1,5% y alegó discrepancias con la estadística empleada por el comité de expertos para calcular el salario medio en España, ya que no tenía en cuenta actividades como el empleo doméstico, muy intensivo en SMI.
No obstante, la patronal fue más cauta tras la última reunión, cuando Trabajo se mostró a favor de intentar que Hacienda permita reformar progresivamente la ley de desindexación de la economía, aprobada bajo los Gobiernos de Mariano Rajoy, con la que los contratos del sector público con empresas privadas dejaron de actualizarse con las subidas del SMI. Esto, según la patronal, «asfixia» a muchas pequeñas empresas en sectores como la jardinería o la limpieza, sin que, además, puedan renunciar a mantener el contrato y la prestación del servicio.
Desconfianza
Eso sí, la CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, se mostraron desconfiados sobre la posibilidad de que se apruebe realmente esta medida, ya que Hacienda es el departamento competente y no Trabajo. «Gobierno solo hay uno y yo negocio con uno», llegó a decir Garamendi, receloso ante el hecho de que Yolanda Díaz ya haya apoyado esta medida y nunca haya visto la luz. Y es ahí donde, según pudo saber Servimedia por fuentes del diálogo social, está el principal foco de discrepancias este año en el seno del Gobierno, y no tanto en la tributación del SMI, pues está decidido el mantenimiento de su exención.
Por el momento, lo que está claro es que la subida del SMI, con o sin acuerdo, y se apruebe con mayor o menor celeridad tras la prórroga provisional de 2026, tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Si se incrementa finalmente un 3,1%, este indicador pasará de los actuales 1.184 euros por 14 pagas a unos 1.220 euros. El último año que hubo acuerdo con CEOE y Cepyme fue en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros al mes. Desde entonces, los pactos fueron solo bipartitos, suscritos solo entre sindicatos y Trabajo.
Finalmente, este año, la subida del SMI se cruza con una negociación paralela sobre la regulación de este indicador en España, ya que el departamento dirigido por Yolanda Díaz y los sindicatos quieren modificar la legislación para lograr, entre otras cosas, que no se puedan absorber determinados pluses de las nóminas de los empleados cuando su sueldo se vea alcanzado por las revalorizaciones del SMI. Este extremo es rechazado frontalmente por la patronal, que alerta de que puede provocar situaciones en las que los costes laborales aumenten entre un 25% y un 30%.