La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF sobre los pagos que José Luis Rodríguez Zapatero recibió de Julio Martínez Martínez, asesor de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra, rescatada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2021, no hace más que extender las sombras de sospecha sobre el papel del expresidente del Gobierno en el ámbito del chavismo y su influencia en La Moncloa. Martínez, detenido en el marco del caso Plus Ultra por un presunto blanqueo de fondos públicos y de oro venezolano, abonó distintas cantidades a Rodríguez Zapatero como pago de facturas por diversas labores de consultoría. La tarea de los investigadores pasa por comprobar si los trabajos prestados por quien fue jefe del Ejecutivo están justificados, si se corresponden realmente con una asesoría legal y si fueron declarados a Hacienda. Más allá de los pagos al fisco de Rodríguez Zapatero y de la legalidad de sus trabajos de asesoría –en tanto que no se trata de ningún cargo público– nos asomamos a un conflicto ético evidente. Una cuestión es la legalidad y otra muy distinta la moralidad que representa que alguien con una evidente ascendencia sobre el Gobierno de Pedro Sánchez , para quien ha actuado de mediador, haya cobrado de una de las empresas implicadas en el rescate público de una aerolínea ligada al chavismo, en una decisión cuya pertinencia y urgencia resultan tan sospechosas. Cabe recordar que la compañía aérea fue socorrida con 53 millones de euros en tiempo récord durante la pandemia. El Gobierno la consideró estratégica mediante unos criterios cuestionables, pues prácticamente no disponía de horarios en sus rutas ni de una flota considerable de aviones. El propio ministro del ramo, que entonces era José Luis Ábalos, ha reconocido que desconoce las razones últimas del rescate y que se encontró con la decisión ya tomada en el propio Consejo de Ministros. La determinación de cualquier responsabilidad penal recae en los tribunales de Justicia, pero la responsabilidad ética a la que apunta la falta de transparencia en estas actividades de asesoría y en sus retribuciones es obvia. Estas sospechas se suman a la brumosa actividad de supuesta mediación que durante los últimos años ha desarrollado José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, unos contactos que pudieran haber influido en la más que tibia posición de España respecto al chavismo. Desde el Gobierno se ha pretendido vender su figura y su papel como necesarios para mediar con los dirigentes bolivarianos a favor de los intereses de España, pese al evidente desgaste para los intereses de la oposición democrática que ha supuesto el continuo blanqueamiento por parte del expresidente de las tropelías de Nicolás Maduro y sus secuaces. Esta nueva investigación de Anticorrupción pone en cuestión la labor de Zapatero y pone el foco sobre un dinero quizá legal, pero moralmente sucio. Resulta difícil aceptar al expresidente del Gobierno como inocente mediador entre dos partes cuando cobraba y estaba a sueldo del entorno de una de ellas, precisamente la tiranía que aplastaba a los más débiles en Venezuela. La opinión pública merece saber por qué conceptos, en qué contextos y a cambio de qué el expresidente cobró –o no– por defender los intereses de una dictadura. Esta cuestión venezolana se convierte en una sospecha estructural si atendemos al esfuerzo que hace el investigado por mediar, al margen de Venezuela, con las autoridades de China. Es difícil sustraerse a la sospecha de que un político que ha obtenido su crédito de las instituciones democráticas y del Estado se haya convertido en un lobista de tiranos.
