Guindilla al Gobierno por negarse a compartir los resultados de una revisión del tramo accidentado 37 días antes del siniestro
La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) ha reabierto el debate sobre la seguridad de la red de alta velocidad y sobre si la inversión en mantenimiento es suficiente para una infraestructura sometida hoy a una presión muy superior a la prevista cuando fue diseñada.
El accidente se produjo en un tramo de vía donde apareció una brecha cuya existencia el Gobierno ya considera “innegable”, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Ese mismo tramo había superado hasta cuatro revisiones de seguridad en los meses previos —geométricas, dinámicas y a pie— sin que se detectara ninguna anomalía. Además, había sido renovado recientemente con una inversión de 700 millones de euros, con obras finalizadas en mayo.
Pese a ello, el Ejecutivo se ha negado a hacer públicos los informes técnicos de esas inspecciones, alegando que se trata de documentación interna sin efectos jurídicos frente a terceros, según ha informado el diario EL MUNDO.
La negativa ya se había producido semanas antes del accidente, cuando el Gobierno respondió a una solicitud formal del Grupo Popular en el Senado para conocer el resultado de las pruebas realizadas en ese mismo trazado. La petición se formuló tras las quejas de usuarios por incidencias registradas durante el verano, con trenes detenidos durante horas.
El Ejecutivo sostiene que el sistema de mantenimiento de Adif cumple los protocolos y ofrece “prestaciones óptimas”, aunque mantiene bajo reserva los informes técnicos que ahora están en el centro de la polémica.