La Seguridad Social repite los errores con las cotizaciones de autónomos en pluriactividad, societarios y colaboradores
La falta de acuerdo sobre la nueva regularización de cuotas llevó a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, a tener que prorrogar las cotizaciones en 2026, pero no se han solventado los problemas a los que enfrentan miles de autónomos. En concreto, continúan sin haberse corregido los errores detectados en la regularización aprobada el año pasado, que obligaron a los autónomos en pluriactividad a abonar más por sus cuotas y a muchos autónomos colaboradores y societarios a reducir su cotización y, por consiguiente, sus futuras prestaciones, pese a que tenían derecho a mantener una base superior, a lo que se suman retrasos en la regularización, notificaciones que llegan con retraso o a destiempo y problemas técnicos en la actualización de bases.
Así, esta asociación reclama que se cambie la forma en la que se establecen las bases de los autónomos en pluriactividad, ya que a miles de ellos se les puso en el tramo más elevado del sistema a pesar de que ya pagan la cuota máxima en el Régimen General sin recibir nada a cambio. Y respecto a los autónomos colaboradores y los societarios, como no hacen declaración de renta o no han declarado los rendimientos netos, la Seguridad Social les obliga a implementar una base de cotización más baja de la que ellos estaban cotizando, lo que incumple una disposición adicional que establecía que se mantenía lo que los autónomos venían cotizando en el año 2022, aunque esa cotización estuviera por encima de lo que correspondiera por la regularización. «Y eso no se ha respetado, por lo que exigimos que se cumpla», defiende el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Para los autónomos en pluriactividad reclama «que se tengan en cuenta todos los rendimientos para ajustar sus cuotas, y no sólo los que generan con su negocio», y en el caso de los colaboradores y societarios «bastaría con que se les dé la posibilidad como al resto de conservar sus antiguas bases o incluirlos expresamente por Ley».
El número de autónomos societarios –aquellos que gestionan una sociedad mercantil o cooperativa– supera los 1,2 millones de personas, representando más del 30% del total de autónomos en el RETA, a los que se suman casi 270.000 trabajadores por cuenta propia en pluriactividad y 175.000 colaboradores.
Fuentes ministeriales explicaron a LA RAZÓN que «hay elementos correspondientes a la protección y al sistema del RETA que sabemos que deben abordarse y queremos tratarlo en la mesa de negociación, que no está bloqueada por nuestra parte. Nuestra intención es hablar de todo». Sin embargo, ATA advierte de que ha congelado «de momento» toda relación con el Ministerio que dirige Elma Saiz y no acudirá a ninguna mesa de negociación hasta que «se subsanen estos errores y se garanticen los cambios técnicos y normativos necesarios para que no vuelvan a ocurrir».
Los autónomos arrastran una complicada situación pese al récord de afiliaciones alcanzado el pasado ejercicio. No en vano, ATA avisa de que tres de cada 10 cerró 2025 con pérdidas. También advierte de que el Gobierno continúa haciendo «muchas promesas» al colectivo, pero «sin que se haya mejorado nada», especialmente, en el caso de la protección social, ya que se ha incrementado la carga impositiva, el empleo entre el colectivo y las micropymes se ha desplomado, y solo ha crecido entre las medianas y las grandes empresas, «las que pueden aguantar tantos cambios y costes». También recuerda que el exceso de burocracia y la sobrerregulación están ahogando a los autónomos, ya que destinan 200 horas anuales a trámites y papeleos, lo que se traduce en un coste de 10.000 millones de euros –con una media de 3.000 euros por autónomo– y más de 650 millones de horas dedicadas a gestionar trámites burocráticos.
Asimismo, la principal asociación de autónomos también denuncia que la omisión legislativa del Gobierno al no transponer la directiva de la Unión Europea del IVA franquiciado genera un «daño patrimonial directo, real y cuantificable» para el colectivo de 508 millones de euros al año, es decir, hasta 660 euros de coste por cada uno de los 770.000 autónomos que tendrían derecho a aplicar esta legislación.
ATA ha trasladado al Ministerio que dirige Elma Saiz un decálogo de peticiones encaminadas a la mejora de las condiciones del colectivo, que aseguran está «con el agua al cuello». Entre estas medidas destacan que se negocie la exención de cotizaciones desde el primer día durante las bajas por enfermedad que impidan continuar la actividad; la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual; compatibilizar el trabajo con cobrar el 100% de la pensión de jubilación; la aprobación del IVA franquiciado para eximir del pago de este impuesto a quienes facturen menos de 85.000 euros por año; la clasificación e incremento de las deducciones de gastos para ofrecer mayor seguridad jurídica; establecer un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones, sumar dos semanas de baja por maternidad correspondientes a la lactancia y devolver el exceso de cotización de oficio a los autónomos en pluriactividad. Especial indignación causa entre los autónomos la prestación por cese de actividad. Ahora mismo, seis de cada diez solicitudes son denegadas por parte del Ministerio.