El Gobierno de Donald Trump calificó a Alex Pretti de «terrorista doméstico» pocas horas después de que el enfermero muriera abatido en Mineápolis durante una intervención de las fuerzas federales antiinmigración. La acusación no fue una reacción improvisada, sino el intento deliberado de fijar un relato: el de un Estado que elimina una amenaza interna. Ese relato, sin embargo, se ha ido desmoronando a medida que han salido a la luz los hechos, revelando algo más grave que un error puntual: una estrategia política que combina fuerza desproporcionada y falsedad institucional. Si a alguien le cabía todavía una mínima duda razonable sobre la forma en que murió Pretti –incluida la hipótesis de una posible imprudencia al resistirse a la actuación de unos agentes–, los numerosos vídeos que circulan, no sólo del suceso sino también de su vida, disipan cualquier ambigüedad. Lejos de la caricatura de Trump, esas imágenes muestran a un hombre comprometido, sereno y que se conduce como un patriota, en el sentido cívico más exigente: un enfermero de un hospital de veteranos que entendía el servicio público como una obligación moral. Los hechos conocidos indican que Pretti estaba filmando una actuación policial en un contexto de alta tensión cuando fue reducido y abatido. Su muerte se suma a la de Renée Good, la segunda persona que pierde la vida en Mineápolis en pocas semanas a manos de fuerzas federales. En ambos casos, la reacción del Gobierno ha seguido el mismo patrón: defensa cerrada de los agentes, descalificación de la víctima y difusión de versiones rápidamente contradichas por las imágenes. No es un incidente aislado, sino la prueba de una deriva preocupante. Conviene decirlo con toda claridad: la militarización de las ciudades para combatir la inmigración ilegal no es sólo un error operativo, sino una quiebra conceptual del orden democrático. Las democracias liberales establecen límites estrictos al uso de la fuerza en el interior porque ésta se ejerce sobre su propia población. Para situaciones excepcionales existen mecanismos precisos –estados de alarma, emergencia o excepción– sometidos a control político y judicial. Nada de eso concurre en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Se están desplegando fuerzas con lógica militar en el espacio cívico ordinario, sin contrapeso judicial y sin asumir las responsabilidades que ese tipo de poder exige. Cuando el Estado actúa así, deja de proteger a la sociedad y empieza a confrontarla. La lucha contra la inmigración irregular no puede transformarse en una ocupación de barrios, en una demostración de fuerza ni en una pedagogía del miedo. No se trata de una crítica ideológica a la aplicación de la ley, sino de una defensa elemental del principio liberal según el cual la coerción interna es siempre el último recurso y nunca un instrumento de propaganda política. Que esta advertencia proceda también de sectores conservadores de la prensa estadounidense subraya hasta qué punto el problema ya es institucional y no partidista. La muerte de Alex Pretti no es sólo una tragedia, es una advertencia. Si las democracias aceptan que el poder puede desplegarse sin límites claros contra su propia población, el problema deja de ser la inmigración y pasa a ser el Estado mismo. Y un Estado que miente para justificarse no refuerza el orden: lo corroe. La autoridad legítima no nace de la intimidación, sino del respeto a la ley y a la verdad. Convertir al ciudadano en enemigo y la excepción en rutina es el camino más corto hacia la descomposición del pacto democrático.
