Uyariy, de Javier Corcuera, por José Ragas
El intento de cierre del Congreso por parte del expresidente Pedro Castillo y su consiguiente vacancia crearon un vacío del poder en un país que tenía años de inestabilidad política. Se abría nuevamente un escenario donde una autoridad electa interrumpía su mandato y la decisión de quién debía reemplazarlo reposaba en manos de un Congreso que había estado empujando al país a ese escenario desde meses atrás, ante la imposibilidad de anular el triunfo electoral del candidato de izquierda. La solución que se impuso fue la de permitir que la vicepresidenta asumiera el cargo.
Pero esta no fue una salida que gozara de la legitimidad popular, aún cuando se trataba de una sucesión institucional. Se veía más bien como una maniobra de los grupos de poder en el Parlamento para poder gobernar sin problemas y preparar la próxima elección, que es la que tendremos en unos meses más. Dina Boluarte juramentó con una gran parte del país en contra, y su índice de aprobación, siempre cercano al margen de error, da cuenta de la pésima decisión que significó elevarla al mando y mantenerla ahí.
Por semanas, la población de distintas regiones se movilizó contra la salida de Castillo y lo que consideraban una maniobra ilegal por parte del Congreso. Fue una protesta masiva, donde miles de personas se enfrentaron con las fuerzas del orden, las cuales rompieron todo protocolo establecido, ejerciendo una represión pocas veces vista contra ciudadanos. La represión se explica en parte por el nerviosismo de quienes estaban ahora en el poder y que temían que de triunfar la movilización, una Asamblea Constituyente pondría fin a la coalición que comenzaban a armar y que gobierna ahora.
La capital, Apurímac, Ica, Ayacucho y Puno fueron los centros neurálgicos de las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Juliaca (Puno) fue un lugar particularmente golpeado por la represión, con un saldo trágico de dieciocho personas muertas por acción directa de las fuerzas del orden. Las circunstancias en que fallecieron confirman que el accionar de la policía fue contrario al que le corresponde, disparando sin control y considerando objetivos tanto a quienes formaban parte de la protesta como quienes desempeñaban labores de ayuda a los que se movilizaban. Tres años después, nadie ha sido llevado a juicio ni investigado.
Uyariy, del cineasta peruano Javier Corcuera, ha coincidido con este tercer aniversario. Dina Boluarte, una de las principales responsables de la matanza ya no está en el poder, pero sí quienes instigaron y buscaron defender con vidas ajenas un régimen autoritario y carente de legitimidad. Las protestas marcaron un punto de no retorno en la consolidación del actual régimen autoritario, y desde entonces buscaron descalificar a los familiares de las víctimas y bloquear cualquier intento de justicia reclamado por organismos de derechos humanos y deudos. Los 18 muertos de Juliaca y las cincuenta víctimas que le costó a este gobierno mantenerse en el poder fueron convenientemente criminalizados.
El documental le da voz a los deudos y a quienes sufren las secuelas de la represión. Los testimonios son devastadores, y las madres, abuelas, familiares de las víctimas relatan cómo estas perdieron la vida y cómo los sobrevivientes lidian con el dolor y la rabia de no conseguir justicia. Algunos de los familiares acompañan el recuerdo de los muertos con música, otros contando historias sobre ellos, en un espectro humano que va desde adolescentes hasta adultos, profesionales, estudiantes, trabajadores. Las fotos y los restos materiales permanecen al interior de sus viviendas o son llevadas como una forma de duelo perpetuo.
Corcuera va un paso más allá. Si la reconstrucción de lo ocurrido ya es de por sí una tragedia, tanto por lo ocurrido como por la impunidad que le siguió, el documental apuesta por establecer un modus operandi del Estado peruano respecto de cómo entiende su relación con el Altiplano, es decir, una relación basada en represión y violencia. Los puneños, a diferencia por ejemplo de sus contrapartes de la capital, tienen muy presente las protestas y movilizaciones de las últimas décadas, y de cómo terminaron estas: exactamente del mismo modo en que terminaron las de enero de 2023.
La película combina el pasado y el presente a partir de un mismo destino, el que los reclamos de los ciudadanos de Puno no solo sean desatendidos sino también convertidos en un desafío abierto al gobierno de la capital. La rebelión de Wancho Lima, donde un grupo de puneños se rebeló contra el dominio y abuso de los hacendados locales, fue rápidamente develada por contingentes enviados por Augusto B. Leguía. Otros movimientos fueron también criminalizados, como los esfuerzos por desarrollar centros educativos donde los campesinos y sus hijos pudiesen aprender a leer y escribir.
En el actual contexto de censura y mediocridad del gobierno de turno, ver películas como Uyariy nos permite confrontarnos con cómo hemos normalizado el asesinato de compatriotas para que unos cuantos puedan beneficiarse desde el Congreso. Espero que esta película nos abra los ojos por un momento, donde la violencia parece apoderarse del país sin que a las autoridades les interese hacer algo. ¿Por qué habría de hacerlo? Cincuenta muertos, cien o doscientos es un costo siempre demasiado bajo para quienes buscan mantenerse en el poder.