El letrado de la Abogacía de la conselleria de Pradas dice ante la jueza que avaló sin fisuras el confinamiento ante la dana

Ignacio Lleó, el letrado de la Abogacía adscrito a la conselleria de Salomé Pradas, ha declarado este martes ante la jueza de la dana que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, avaló de plano y sin fisuras la opción de confinar a la población, una de las medidas que se planteaba la reunión del Centro de Coordinación Operativa INtegrado (Cecopi). El testigo, según fuentes conocedoras de la testifical consultadas por elDiario.es, expuso que la normativa sobre emergencias, tanto autonómica como estatal, permitía “practicar confinamientos” y “evacuaciones forzosas”. La “protección a la vida está por encima”, ha dicho.

El letrado de la Abogacía fue consultado aquella aciaga tarde por Ricardo García García, subsecretario de la conselleria. “La gente tenía en mente la restricción de derechos durante el Covid, por eso las consultas”, ha afirmado. Lleó, según ha apostillado, respondió que “no hacía falta informe de la Abogacía para ordenar desalojos o confinamientos”. “Las leyes de emergencias lo permitían”, según su opinión jurídica.

“Lógicamente, en esta comunidad tienes en mente la pantanada de Tous y, cuando te dicen que la presa está a punto de colapsar, no es menor la información; soy consicente de la gravedad y de la población afectada, de ahí que traslade a mi jefatura con la mayor brevedad la solución”, ha dicho.

El subsecretario, según ha relatado el testigo, le planteó que había “una presa a punto de colapsar”, en referencia a Forata. Ignacio Lleó, sin embargo, no ha sabido detallar la cronología exacta de las llamadas que hizo y recibió. En todo caso, ha asegurado que no recordaba haber hablado con el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez.

El letrado “nunca” ha hablado con el jefe de gabinete de Carlos Mazón, el entonces secretario autonómico José Manuel Cuenca. Cuando se le ha preguntado si las órdenes de Cuenca a Pradas (“de confinar nada”) tenían “base en alguna consulta” a la Abogacía de la Generalitat, el testigo ha respondido que no le consta que el departamento contestara en ese sentido.

La reunión burocrática de la mañana de la dana

Por otro lado, el testigo ha sido interrogado sobre el consejo de administración de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) de la mañana del 29 de octubre, una reunión burocrática en plena alerta roja a la que asistieron tanto el secretario autonómico, Emilio Argüeso (investigado en la causa), como el director general, Alberto Martín Moratilla.

“El acta está redactada y elevada a publico”, ha afirmado en referencia a un documento publicado por este diario el pasado 17 de septiembre.