Estados Unidos es demandado por familiares de fallecidos en ataque a supuestas narcolanchas en el Caribe
Familiares de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, dos ciudadanos de Trinidad y Tobago que murieron en un ataque militar estadounidense en octubre, presentaron el martes una demanda federal contra el gobierno del presidente Donald Trump, acusándolo de homicidio culposo y ejecuciones extrajudiciales.
La acción legal, interpuesta en una corte federal de Massachusetts, sostiene que el operativo fue parte de una campaña militar “manifiestamente ilegal” contra embarcaciones y que los hombres no estaban vinculados a actividades criminales, sino que regresaban a su hogar tras trabajar en Venezuela.
La demanda —respaldada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Center for Constitutional Rights y expertos legales— alega que Joseph y Samaroo eran civiles inocentes cuando su barco fue alcanzado por un ataque con misiles el 14 de octubre, en medio de una campaña en el Caribe y el Pacífico oriental que ha dejado más de 120 muertos desde septiembre de 2025, según los documentos.
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"Seis hombres narcoterroristas"
El presidente Trump afirmó que en el ataque militar estadounidense contra una embarcación el 14 de octubre murieron “seis hombres narcoterroristas” que, según él, estaban implicados en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En mensajes oficiales y publicaciones en redes sociales, aseguró que la inteligencia estadounidense había confirmado que la nave estaba “traficando narcóticos”.
Su administración también defendió este tipo de operaciones como parte de una campaña militar para detener el flujo de drogas hacia el país norteamericano, describiendo las incursiones como acciones necesarias contra presuntos carteles y organizaciones criminales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado evidencia pública que demuestre que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas a carteles.
¿Qué indica la demanda contra la administración?
Esta acción legal utiliza dos leyes federales: la Ley de Muertes en Alta Mar, que permite demandas por muertes ocurridas fuera de las aguas territoriales, y el Alien Tort Statute, que ofrece una vía para que extranjeros lleven sus casos por violaciones de derechos humanos.
La demanda alega que Joseph y Samaroo no tenían vínculo con el narcotráfico. Los familiares sostienen que los hombres estaban trabajando en el campo y pescando, y que no constituían una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Antes de ser atacados, ambos se comunicaron con sus familiares para avisar que regresaban a casa.
Además, las demandas insisten en que el ataque fue un acto de asesinato premeditado, en violación de las leyes internacionales que prohíben las ejecuciones extrajudiciales. A través de esta demanda, los familiares buscan una indemnización por daños y perjuicios, aunque no se solicita una orden judicial para evitar futuros ataques.