Mineápolis pone contra las cuerdas a los republicanos, mientras sigue en el aire un cierre parcial del Gobierno
Quedan menos de 48 horas para que llegue el viernes, y si para entonces demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo, el Gobierno afrontará un cierre parcial. Al cierre de esta edición, las partes no se habían puesto de acuerdo sobre el centro del conflicto: el dinero dentro del paquete destinado a ICE. La oposición se niega a respaldar un paquete que mantenga intacto el presupuesto de la agencia después de las actuaciones de sus agentes en Mineápolis. Para los republicanos es crucial salvar el paquete de gasto y evitar un incendio institucional en pleno pulso electoral por el Congreso, así que, su presión sumada a unas encuestas poco favorables sobre la estrategia migratoria en el terreno, han provocado que Donald Trump se replantee como enfocar su cruzada antinmigración.
Funcionarios y aliados de la Administración han confirmado a medios nacionales que el presidente está "preocupado", por el coste político de Mineápolis, de ahí el cambio de rumbo. La primera señal llegó aceptando una llamada telefónica del gobernador de Minnesota, Tim Walz, al que ha atacado en varias ocasiones y acusado de fraude otras tantas. "Hemos tenido una conversación muy buena", aseguraba el presidente estadounidense al terminar.
Después le seguía el envío a Mineápolis del "zar de la frontera", Tom Homan, su hombre de confianza en asuntos migratorios, que desde ayer está al frente de las operaciones de ICE. Para rematar, este martes, una de las caras más controvertidas de la situación en Mineápolis, el excomandante general de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino (56 años), y varios de sus agentes, abandonaban el terreno de actuación. Bovino regresará a su puesto previo como jefe de sector en El Centro, California, donde se espera que se jubile próximamente, según han confirmado las autoridades.
La situación se encuentra en un momento delicado, con los vecinos de la ciudad decididos a seguir saliendo a las calles a protestar a pesar de las bajas temperaturas, y con la tensión a flor de piel, sobre todo después de que la Administración, en boca de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusara a la última víctima, Alex Pretti, de ser un "terrorista doméstico" y de empuñar un arma de fuego contra los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Ayer salían a la luz más grabaciones desde distintos ángulos que cuestionaban esta versión. Pretti nunca llegó a sacar el arma que portaba porque tenía licencia para ello, por lo que la insistencia de que era "un aspirante a asesino", llegó a decir el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, son afirmaciones que han enfurecido aún más a sus vecinos.
Voces disidentes
La crisis ha abierto una profunda brecha de credibilidad en la ciudadanía, que ya no confía en la Administración, y ha acrecentado la que ya existía entre el Gobierno y la oposición. Los demócratas de la Cámara de Representantes han anunciado que la próxima semana impulsarán una investigarán contra Noem con la intención de someterla a un impeachment (juicio político), sin la participación de los republicanos, a los que acusan de no estar supervisando correctamente las actuaciones de Trump y su equipo. Al menos 145 demócratas de la Cámara baja se han sumado a la petición, entre ellos Jhon Fettreman (Pensilvania) quien instaba al presidente a no cometer "el mismo error que el presidente Biden al no despedir a una secretaria de Seguridad Nacional incompetente". Trump por su parte ya ha descartado la posibilidad de pedir su dimisión, afirmando que hace "un gran trabajo".
Dentro del partido republicano, también empiezan a surgir las primeras voces disidentes. En Utah, el representante republicano, John Curtis, reconocía que Noem "ha debilitado la confianza pública". Por su parte, el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, anunció ayer que ha convocado a los directores de las tres agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que testifiquen ante un comité del Senado el 12 de febrero, en plena escalada de presión sobre Washington. Además, en una publicación en X, piden que los agentes involucrados en el tiroteo de Pretti deberían ser suspendidos de sus funciones de inmediato "hasta que concluya una investigación independiente".
Los investigadores se centran ahora en revisar todas las imágenes que existen del tiroteo, y mientras avanzan lentamente y, sigue sin conocerse si el agente que disparó contra Alex Pretti serán se personará ante un juez para enfrentar un proceso judicial, la maquinaria judicial parece correr más cuando la víctima en un agente. Una vecina de Mineápolis enfrenta cargos tras morderle "la punta de un dedo a un agente federal de inmigración durante una de las protestas el pasado sábado", informa el medio ABC News. De momento no se ha fijado fecha para una vista preliminar, pero pone de manifiesto la diferente velocidad de este caso en comparación con las muertes violentas de dos estadounidenses.