Cualquier persona que pague una hipoteca o intente comprar un piso sabe que esa cifra del 2,9 por ciento es una broma. La Unión Europea publica cada trimestre un índice específico para medir los precios de la vivienda en propiedad –se llama OOHPI (por sus siglas en inglés)– y Eurostat lo calcula para todos los países. En España, ese índice marcó un 10,3 por ciento de subida anual en el segundo trimestre de 2025. Cuatro veces más que la inflación oficial. Pero ese 'gastazo' no cuenta para el IPC. ¿La razón? Para Bruselas, y por tanto para el Gobierno, tu vivienda no es un gasto. Es una inversión. Como si no pagaras hipoteca cada mes. Como si, aunque ya la tengas pagada, no tuvieras que afrontar el IBI, la comunidad de vecinos, las derramas cuando hay que arreglar algo, el seguro del hogar… Como si vivieras gratis. Esta es la trampa: el IPC mide la inflación, es decir, el mordisco que se le da al valor de tu dinero, a tu poder adquisitivo. Eso ya lo sabías. Pero lo que quizá no asocias inmediatamente es que ese índice no es solo una referencia técnica. Es la herramienta que determina cosas muy concretas de tu vida: cuánto suben las pensiones; el punto de partida en las negociaciones salariales; si el Banco Central Europeo (BCE) sube o baja los tipos de interés (y, por tanto, si tu hipoteca se encarece o se abarata). En España, muchos contratos de alquiler se actualizan automáticamente según esta cifra. Los salarios de los funcionarios también. Y las ayudas y prestaciones sociales. Y ese índice tan importante no incluye el mayor gasto de las familias españolas. El 80 por ciento de los hogares está representado por propietarios o gente que está pagando una hipoteca. Pero para las estadísticas oficiales solo cuentan los inquilinos, que son el 20 por ciento. Y ni siquiera ese 20 por ciento está bien representado. En el IPC español, el grupo «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» representa entre el 12 y el 15 por ciento de la cesta. Pero dentro de ese bloque, el «alquiler efectivo de la vivienda» tiene un peso mucho menor que la energía y los suministros: no llega al 10 por ciento sobre el total del gasto mensual. Mientras tanto, según la Encuesta de presupuestos familiares, del propio INE, los hogares que alquilan gastan de media entre el 30 y el 40 por ciento de sus ingresos en vivienda. Más en Madrid o Barcelona, donde hay quien se deja la mitad del sueldo. El resultado: cuando los alquileres se disparan, el IPC apenas se mueve. Y cuando el IPC apenas se mueve, los salarios no suben, las pensiones no se ajustan, y el Banco Central Europeo no ve motivo para actuar. Mientras, millones de personas ven cómo su mayor gasto les devora el sueldo. Pero el asunto (y el mosqueo) va más allá de España y Europa. En febrero de 2024, un equipo de economistas liderado por Larry Summers –exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, probablemente el economista con más influencia política de las últimas décadas– publicó un estudio en el Fondo Monetario Internacional con un título sugerente: El verdadero coste de vivir . Su hallazgo es demoledor: si Estados Unidos midiera la inflación como lo hacía antes de 1983 –es decir, incluyendo los precios de la vivienda y los costes de los préstamos hipotecarios–, la inflación de 2022 no habría sido del 9 por ciento. Habría sido del 18 por ciento. El doble. Y eso explica, según Summers, por qué la gente piensa que la están estafando mientras los datos oficiales dicen que todo va bien. Porque, además, el agujero del calcetín no es solo la vivienda. Hay otro que está relacionado: cuando te suben la hipoteca o los intereses del préstamo del coche, o cuando la tarjeta de crédito te sangra, tu coste de vida también sube. Pero tampoco se refleja en el IPC. Porque el coste del dinero –los intereses que pagas– no se considera parte del coste de vida. En fin, es otro de esos pequeños trucos contables que hacen que la realidad y las estadísticas vivan en universos paralelos. Y por qué cambió Estados Unidos su metodología en 1983? Ah, esa es una pregunta interesante. Porque en los años setenta y principios de los ochenta, con la vivienda incluida, la inflación oficial era tan alta que el Gobierno se veía obligado a subir las pensiones constantemente. Demasiado caro. Así que encontraron una solución de prestidigitador que ríete del mago David Copperfield, que ese mismo año hizo desaparecer la Estatua de la Libertad: cambiaron la forma de medir. Sacaron los precios de compra de vivienda y los sustituyeron por un concepto abstracto llamado 'alquiler equivalente', básicamente lo que pagarías por alquilar tu propia casa si no fuera tuya. Nadie hace eso, claro. Solo es un ejercicio de imaginación estadística. Pero, mágicamente, la inflación bajó. Europa, fiel a su tradición de ir veinte años por detrás de Estados Unidos incluso en las malas ideas, ni siquiera ha llegado a ese punto, aunque va por el mismo camino. El Banco Central Europeo y Eurostat, la oficina estadística de la UE, llevan diciendo desde 2003 que sería «deseable» incluir el coste de la vivienda en propiedad en el índice armonizado de precios de consumo. ¡Más de veinte años! En 2021, Christine Lagarde prometió que lo harían. En 2023, Eurostat publicó una hoja de ruta la cual decía que «quizá en 2026» estaría listo. Bueno, pues ya estamos en 2026 y nada se mueve. Porque, claro, las estadísticas dicen que la inflación está controlada. Para más inri, como la vivienda se considera una inversión, cuando los precios suben, eso no es una inflación problemática. Es creación de riqueza. Tu casa vale más, eres más rico, todo genial. Pero si mides la vivienda como coste de vida, cuando los precios suben, lo que tienes es gente que no puede acceder a un techo. Es lo que está pasando ahora. Las consecuencias de esta trampa estadística son brutales. Durante la última década, los bancos centrales han mantenido los tipos de interés en mínimos históricos, muchas veces en territorio negativo, para «estimular la economía». El resultado: los precios de los activos –vivienda, bienes, acciones…– se han disparado. La inflación oficial baja beneficia a una minoría: los que ya tienen activos. Grandes propietarios, herederos, arrendadores... Y perjudica a la mayoría: los que viven de su trabajo. Y por si la situación europea no fuera suficientemente preocupante, en Estados Unidos el sistema estadístico está cayéndose a pedazos. En octubre de 2025, el Gobierno federal sufrió un cierre parcial que duró semanas. Consecuencia: el índice de precios de consumo de ese mes nunca se publicó. Un mes entero de inflación, desaparecido. Y, para rematar, el Congreso aprobó recortes presupuestarios que están reduciendo la calidad de la recopilación de datos. Hay un patrón aquí, y no es sutil. Desde los años ochenta, las democracias occidentales han ido degradando sistemáticamente su capacidad –o su voluntad– de medir de forma honesta el coste de vida de sus ciudadanos. Cada cambio metodológico ha ido en la misma dirección: hacer que la inflación parezca más baja de lo que la gente experimenta. Y eso no es neutral. Determina quién gana y quién pierde. Como explica el sociólogo Simon Bienstman, de la Universidad Goethe de Fráncfort, que ha estudiado cómo la desigualdad persistente mina la confianza democrática: «Cuando la promesa de progreso compartido se rompe, muchos ciudadanos dejan de ver a las instituciones como garantes de sus derechos y empiezan a percibirlas como parte del problema». No es casualidad que el auge de los populismos en Europa y Estados Unidos haya coincidido con la década en la que más se ha ensanchado esta brecha entre la realidad vivida y las estadísticas oficiales.
