La reforma política que viene en 2026
Uno de los hechos que marcarán a México en 2026 será la reforma político electoral que implicará cambios profundos en el sistema político mexicano y en la forma de organizar las eleciones.
La reforma electoral a veces suele verse como un asunto técnico, reservado a abogados, legisladores y especialistas en la llamada ingeniería institucional. Sin embargo, este año puede convertirse en uno de los temas con mayor impacto indirecto sobre la economía mexicana. No porque una modificación a las reglas electorales cambie de inmediato el ritmo de crecimiento o el nivel de inflación, sino porque puede alterar un elemento central para cualquier economía moderna: la arquitectura de contrapesos que otorga previsibilidad a las decisiones públicas.
La arquitectura que tenemos en México no surgió de golpe. Fue el resultado de un proceso largo y accidentado, marcado por crisis políticas, presiones sociales y reformas graduales. Uno de sus pilares fue la incorporación de mecanismos para garantizar la representación de las minorías en el Congreso.
Durante buena parte del siglo XX, la Cámara de Diputados fue prácticamente un espacio dominado por un solo partido, el PRI.
La primera apertura relevante llegó en 1963, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, con la figura de los llamados “diputados de partido”, un antecedente de la representación proporcional que permitía a partidos con un mínimo de votación acceder a curules, aunque con límites estrictos. Aun así, el principio estaba sembrado: el Congreso debía reflejar algo más que a la mayoría dominante.
El verdadero parteaguas ocurrió, sin embargo, tras la crisis económica y política de los años setenta. La reforma política de 1977 buscó incorporar a fuerzas excluidas del sistema y reducir el riesgo de que la inconformidad se expresara fuera de las instituciones, incluso mediante la violencia.
En ese contexto se amplió de manera significativa la representación proporcional, primero con 100 diputaciones y más adelante con ajustes que culminaron en el diseño que conocemos desde finales de los ochenta: una Cámara integrada por 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, para un total de 500.
Ese esquema no fue un simple arreglo aritmético. Respondía a la necesidad de evitar mayorías artificiales, obligar a la negociación política y reflejar con mayor fidelidad la pluralidad social y regional del país.
El segundo pilar fue la construcción de autoridades electorales autónomas. Hasta finales de los 80, la organización de las elecciones estaba estrechamente vinculada al Poder Ejecutivo. La creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 fue un primer paso para separar al árbitro del jugador, aunque todavía con una autonomía incompleta.
El cambio decisivo llegó en 1996, cuando una nueva reforma constitucional sacó por completo al Ejecutivo de la conducción del órgano electoral y consolidó un modelo de consejeros ciudadanos. Con la reforma de 2014, que dio origen al Instituto Nacional Electoral (INE), se buscó homogeneizar estándares y fortalecer la organización de los comicios en el país. Con conflictos, tensiones y cuestionamientos, ese andamiaje permitió algo fundamental: alternancias en el poder y disputas políticas resueltas dentro de cauces institucionales.
Ese proceso es el que está hoy bajo revisión. Según ha señalado el gobierno, con los elementos que se han ido conociendo en el debate público, la reforma electoral —que podría discutirse próximamente— tiene como ejes la reducción de costos, la modificación del financiamiento a partidos y una reconfiguración tanto de la representación legislativa como de las autoridades electorales. Se ha hablado de eliminar o rediseñar las listas de representación proporcional, de desaparecer organismos electorales locales, de reducir el tamaño de los órganos electorales, o incluso de elegir por voto popular a los consejeros.
El argumento central es que el sistema resulta excesivamente caro. Diversos cálculos periodísticos estiman que el costo agregado del entramado electoral, considerando financiamiento a partidos y autoridades, supera los 40 mil millones de pesos en un año electoral federal.
El problema es que el debate no puede reducirse a una comparación contable. Hay formas de hacer más eficiente al sistema sin afectar su esencia y también hay recortes que erosionan la confianza. Incluso dentro de la discusión se ha reconocido que eliminar por completo la representación proporcional tendría costos políticos elevados, lo que explica que, al menos hasta ahora, no se plantee abiertamente su desaparición total. Aun así, cualquier modificación que debilite la representación de minorías o la autonomía del árbitro electoral tiene implicaciones que van mucho más allá del ámbito político.
La referencia a un posible regreso a un esquema similar al de los años sesenta o setenta no es una exageración retórica. Se trata de un sistema con alta concentración de poder en el Ejecutivo y contrapesos limitados. ¿Qué significa eso para la economía? En primer lugar, un aumento en la percepción de riesgo. Los inversionistas no solo observan indicadores macroeconómicos; evalúan la fortaleza institucional. Un Congreso menos plural y un árbitro electoral percibido como menos independiente elevan la probabilidad de cambios regulatorios abruptos y reducen la previsibilidad de las reglas del juego. Eso se traduce en una mayor prima de riesgo y en un mayor costo del capital.
En segundo lugar, está la incertidumbre regulatoria. La inversión privada puede convivir con gobiernos fuertes, pero no con gobiernos impredecibles. La ausencia de contrapesos efectivos incrementa la posibilidad de decisiones unilaterales con impactos sectoriales relevantes, lo que tiende a postergar o cancelar proyectos de inversión. En tercer lugar, la calidad del gasto público también se ve afectada. Un entorno con pocos filtros institucionales facilita la aprobación de proyectos con alto costo fiscal o bajo rendimiento económico, algo especialmente sensible en un momento en el que las finanzas públicas ya enfrentan presiones crecientes.
Finalmente, está el efecto sobre la gobernabilidad. Las reformas percibidas como regresivas suelen trasladar el conflicto político a otros ámbitos: tribunales, calles y mercados. Ese clima de confrontación termina teniendo costos económicos concretos, desde el consumo hasta el turismo y la operación cotidiana de las empresas.
La reforma político electoral debe generar certezas y no aumentar la incertidumbre. Ojalá se tome esto en cuenta.
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