El Consejo Económico y Social detecta anomalías en el proyecto del "agente de igualdad"
El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ha alertado de diversas anomalías en el anteproyecto presentado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que pretende regular la figura del "agente de igualdad".
En una primera resolución, el CES señala como "inapropiado" el procedimiento seguido que ha estado marcado por la "ausencia del diálogo social" y por un texto remitido que no se encuentra completo ante las numerosas modificaciones que puede sufrir antes de ser aprobado y registrado en el BOE.
Pese a "valorar positivamente" el documento presentado por Igualdad reclaman al Ejecutivo que se culminen los requisitos necesarios remarcando la "necesidad de avanzar en la especialización formativa". Ante los incumplimientos del proceso desde Moncloa se realiza especial énfasis en el respeto del mecanismo pertinente para acometer las nuevas regulaciones. El objetivo es respetar la normativa y no erosionar el proceso.
En base al dictamen del organismo sobre la propuesta presentada en el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se constata que el "régimen transitorio previsto en la norma, pese a establecer un plazo de diez años, presenta lagunas y zonas de incertidumbre". En este sentido, se recomienda incorporar nuevos requisitos para garantizar un acceso a la profesión "justo, inclusivo y coherente" con la realidad de los miembros del gremio.
Incidencia en la libre circulación de los trabajadores
"El CES entiende que esta modalidad de habilitación a través de la experiencia no delimita con suficiente claridad qué tipo de experiencia profesional será considerada válida... Cree conveniente que la norma estableciese, al menos, los criterios formativos básicos o nucleares exigibles en cada una de las modalidades de habilitación establecidas", reza el dictamen presentado con el que asegura que no "refleja la realidad de manera consolidada" potenciada por las organizaciones sindicales y empresariales de la materia.
Otra de las advertencias realizadas por el organismo sobre la propuesta de la responsable de Igualdad, Ana Redondo, se encuadra en el ámbito de las relaciones laborales. Recordando la Ley Orgánica 2/2024, uno de los pasos previos antes de presentar la medida en el Consejo de Ministros, se apunta a la incidencia del anteproyecto en la aplicación de "principios fundacionales del mercado interior europeo" y tanto en la libre circulación de mercancías y como en la de los trabajadores.
"Las trabas innecesarias al ejercicio de las distintas profesiones actúan en detrimento de la libre competencia, aumentan la desigualdad de oportunidades, reducen las opciones disponibles para los consumidores y usuarios e impiden la mejora de la calidad de los servicios", recuerda el órgano consultado por el Ejecutivo.
La nueva maniobra del Gobierno
El informe fue fechado el pasado lunes 26 de enero de 2026 y respaldado por el presidente, Antón Costas Comesaña, y la secretaria general, María Soledad Serrano Ponz. A la mañana siguiente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que su departamento había firmado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores machistas. En este sentido, pasarán de ser pulseras a ser tobilleras para minimizar los errores del sistema y aumentar la fiabilidad. También señaló que se multiplicarían el número de dispositivos en las contiguas 24 horas.
Cabe recordar que en el comienzo de la tramitación de la medida, los socialistas aseguraron que la incorporación del "agente de igualdad" era "una reivindicación histórica del sector" y que eran medidas encaminadas a "desplegar la igualdad en todos los ámbitos". Ahora con las primeras impresiones del CES habrá que aguardar a los nuevos movimientos de la responsable de la cartera.