El Gobierno nunca llegó a pagar al PNV por el palacete de París pese a que lo decía en el BOE
En diciembre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el cual se cedía al PNV un palacete situado en la avenida Marceau de París, una de las principales calles de la capital francesa. El edificio era la sede de una biblioteca del Instituto Cervantes en la ciudad y se trataba de un inmueble que los nacionalistas vascos llevaban años reclamando, porque aseguran que les fue robado durante la Segunda Guerra Mundial.
En ese mismo real decreto, para evitar que el Cervantes tuviera que hacer una mudanza apresurada, el Gobierno incluyó una cláusula por la cual el Instituto podía seguir usando dicho edificio desde enero de 2025 hasta diciembre de 2030 abonando al PNV "una renta de mercado". Es decir, que la titularidad sería de los nacionalistas vascos, pero que el Gobierno podía seguir usándolo siempre y cuando pagara un alquiler.
Sin embargo, según ha podido saber LA RAZÓN, la renta a pagar era tan elevada que el Instituto Cervantes nunca llegó a barajar la idea de quedarse ahí hasta 2030, a pesar de que el BOE les avalaba, y abandonó el edificio a principios de 2025, poco después de que la propiedad pasara a manos del PNV.
Por otro lado, a través de una resolución del Portal de Transparencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, de quien depende el Cervantes, reconoce que nunca ha formalizado un contrato con los nacionalistas vascos y que no se ha producido ningún abono económico, ni siquiera a pesar de que el Cervantes seguía manteniendo ahí su biblioteca cuando el BOE ya había publicado que la titularidad era del PNV.
En cuanto se terminó el papeleo del cambio de titularidad, con el Cervantes ya habiendo abandonado el inmueble, el PNV se hizo cargo del edificio (el uso que le da actualmente se desconoce) y en septiembre del año pasado hizo un acto por todo lo alto para estrenarlo. Hasta la capital francesa se trasladaron el lehendakari de País Vasco, Imanol Pradales, así como el líder del partido, Aitor Esteban, y su predecesor en el cargo, Andoni Ortuzar. También acudió la actual portavoz en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero.
Fue una celebración por todo lo alto, ya que los nacionalistas vascos consideran que tienen derecho sobre ese edificio, que albergó la sede del gobierno autonómico durante el exilio, en la Guerra Civil. Según su relato, avalado por el Gobierno, el inmueble fue comprado a través de testaferros del partido para evitar que fuera requisado por las autoridades franquistas, pero después fue "robado" por los nazis cuando ocuparon París y posteriormente entregado al Estado español, durante la dictadura de Francisco Franco.
Sin embargo, hay serias dudas de que la titularidad sea del PNV. El Gobierno de José María Aznar ya rechazó entregar el palacete a los vascos, por un lado, porque tres sentencias de la Justicia francesa confirmaban que pertenecía al Estado español; por otro, porque las conclusiones jurídicas extraídas apuntan a que se compró para el Gobierno vasco (es decir, el Estado), no para el partido.
De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha basado exclusivamente en la "estrecha vinculación" entre los testaferros y el PNV como única prueba para acreditar la titularidad de los nacionalistas sobre el inmueble. El único informe que se conoce al respecto lo ha elaborado Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Demográfica, un cargo político, basándose en la investigación de dos historiadores de la Universidad de País Vasco, Óscar Álvarez Gila y Xavier Hualde Amunárriz, que a su vez se basaron en "varios estudios historiográficos".
Diversos actores políticos y de la sociedad civil han intentado, por la vía parlamentaria y por la vía del Portal de Transparencia, que el Gobierno haga públicos todos los informes y el detalle de la investigación que ha servido para acreditar, según Moncloa, que el palacete de la avenida Marceau fue efectivamente comprado por personas del partido y en nombre del partido, pero el Ejecutivo no ha hecho público ningún documento. Ha entregado a un partido político parte del patrimonio de todos los españoles y lo ha hecho sin ofrecer explicaciones al respecto.