España, con Sánchez: un billete de 20 euros vale hoy solo 15
La inflación continúa siendo uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles. En 2025, el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró cerca del 3%, una cifra que confirma que el coste de la vida sigue aumentando a un ritmo elevado y persistente. Aunque lejos de los picos registrados en los momentos más agudos de la crisis inflacionaria, los precios no han vuelto a niveles compatibles con una recuperación real del poder adquisitivo, especialmente en un contexto de salarios que avanzan con extrema debilidad.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018, los precios han subido un 24%, más de tres veces el incremento acumulado durante el mandato de Mariano Rajoy, cuando el IPC aumentó un 7,2%. La comparación entre ambos periodos resulta especialmente reveladora si se analizan los mismos 78 meses de gobierno: en ese lapso, la inflación fue 12,5 puntos porcentuales superior bajo el Ejecutivo socialista.
En términos prácticos, para comprender el impacto de este deterioro baste con señalar que un billete de 20 euros de julio de 2018 equivale hoy a poco más de 15 euros, reflejando con claridad la pérdida de valor del dinero, según el estudio "El impacto de la inflación sobre las familias españolas" del Instituto Juan de Mariana realizado por Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo.
El encarecimiento no ha sido homogéneo. Los bienes y servicios básicos, difíciles de sustituir, son los que más han presionado el presupuesto familiar. La vivienda, el agua, la electricidad y otros suministros acumulan subidas cercanas al 20%, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas registran un incremento superior al 41% desde 2018. Algunos productos concretos ilustran esta escalada: los huevos, por ejemplo, han experimentado aumentos superiores al 30% en apenas un año, mientras que carne y lácteos han cerrado 2025 con alzas sostenidas por encima del 6%.
En comparación con Europa, el comportamiento de los precios en España resulta aún más preocupante. En 2025, el IPC medio de la Unión Europea fue un 25% inferior al español, con un incremento del 2,3% frente al 3% nacional. Esta divergencia se ha acentuado desde 2023, cuando la inflación comenzó a moderarse en la UE mientras en España se mantenía enquistada. Al combinar inflación y desempleo, España lidera el denominado Índice de Miseria, un indicador que refleja el deterioro de las condiciones económicas de la población.
La inflación no solo erosiona el consumo diario, sino que también actúa como un impuesto silencioso sobre el ahorro. Aunque los depósitos bancarios de las familias han aumentado en más de 253.000 millones de euros en términos nominales desde 2018, su valor real apenas ha crecido en unos 46.000 millones. Más aún, desde 2022 el poder adquisitivo de esos depósitos se ha reducido en 28.500 millones de euros, una pérdida que castiga directamente la seguridad financiera de los hogares y su capacidad futura de gasto.
A esta pérdida se suma el impacto fiscal de la llamada “progresividad en frío”. La no deflactación del IRPF ha provocado que millones de contribuyentes paguen más impuestos sin haber mejorado su renta real. La inflación empuja los salarios al alza en términos nominales, pero los tramos del impuesto permanecen congelados, lo que eleva la carga fiscal de forma encubierta. Un contribuyente con una renta media de 30.000 euros paga hoy alrededor de 800 euros más de IRPF de lo que habría abonado si el impuesto se hubiese actualizado con la inflación. En el caso de salarios de 50.000 euros, el sobrecoste alcanza los 1.600 euros anuales.
Este efecto es especialmente severo para las rentas medias y medias-bajas, situadas entre los 18.000 y los 25.000 euros, así como para las familias con hijos. Los mínimos personales y familiares no se actualizan desde 2007, lo que implica que su valor real se ha reducido en torno a un 30%. En consecuencia, la exención fiscal para un matrimonio con hijos es hoy un 25% inferior en términos reales a la de hace casi dos décadas.
Pese a que el Gobierno defiende una política económica orientada a la redistribución, los datos muestran un resultado muy distinto. La inflación tiene un carácter claramente regresivo: los hogares con menos recursos sufren tasas de inflación más altas porque destinan una mayor proporción de su gasto a vivienda, energía y alimentación, los capítulos que más se han encarecido. Al mismo tiempo, la renta real de los hogares españoles apenas ha crecido a una tasa media anual del 0,5% en los últimos 20 años, el tercer peor registro de toda la Unión Europea.
Este estancamiento prolongado ayuda a explicar la sensación de empobrecimiento generalizado. La combinación de inflación persistente, presión fiscal creciente y un gasto público en máximos históricos ha terminado por erosionar el poder adquisitivo de salarios y ahorros. Entre 2018 y 2024, el gasto público aumentó cerca de un 45%, financiado en gran parte mediante deuda, lo que ha añadido presiones inflacionarias adicionales en una economía con graves restricciones de oferta, especialmente en sectores clave como la energía y la vivienda.
El balance es claro: bajo el mandato de Pedro Sánchez, los precios han subido con intensidad, los alimentos se han encarecido más de un 40%, los ahorros han perdido valor real y los contribuyentes soportan una mayor carga fiscal sin un aumento equivalente de su renta. Un escenario que, lejos de corregirse, amenaza con prolongar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares españoles si no se acometen reformas estructurales de calado.