España: decadencia en vena
Aún resuenan lejanas voces de auxilio –antes anónimas, ahora silenciadas en la eternidad– en respuesta a una sucesión de despropósitos que prematura e injustamente han conducido a 45 pasajeros y tripulantes al final de su vida terrenal en la infausta, fría y oscura noche del domingo 18 de enero en las inmediaciones de Adamuz.
Y esta pequeña población cordobesa ha alcanzado el triste protagonismo de un escenario de sangre y dolor que, eso sí, se ha visto compensado en gran medida con la ejemplar actitud y desinteresada entrega de sus humildes habitantes, esos que dieron alma y corazón para, en la medida de sus posibilidades, ponerse a disposición de decenas de víctimas del tremendo infortunio.
Caridad, comprensión, acompañamiento, disposición y disponibilidad allí se dieron cita con multitud de ejemplos que no escatimaron tiempo, esfuerzo o dinero para cumplir con un prójimo necesitado, aunque paradójicamente privado del vital e inicial socorro como consecuencia de factores que claman al mismo cielo en el que se han congregado todos esos inocentes.
Sin embargo, no cesan los testimonios de supervivientes o familiares de las víctimas con el desgarrado y desesperado grito de una nación que paulatinamente se desmorona bajo el enorme y superlativo peso de la negligencia y la ausencia de, en esta primordial cuestión de estado, la verdad y claridad de los hechos tristemente acaecidos.
Cuarenta y cinco vidas truncadas, cuarenta y cinco familias rotas por un sistema de adjudicaciones, licitaciones y mantenimientos que apesta a despacho cerrado, sospechosos contratos, carpetazos interesados y favores cobrados. ¿De qué podemos extrañarnos con las últimas "hazañas" de los ocupantes de las poltronas de ministerios como el de Interior o el de Transportes y Movilidad Sostenible? A las pruebas, por desgracia, podemos remitirnos.
Mientras el Gobierno se ha apresurado a desplegar su maquinaria de propaganda con suma y diligente prontitud, la realidad es incontestable: la corrupción mata y la gestión de protocolos y actuaciones a pie de vía no se corresponde con lo esperado –y exigible– en un país cada vez más próximo a la ruina en tantos y tantos aspectos, que van desde lo social a lo económico, pasando por la evidente y promocionada hecatombe moral.
La negligencia se ha hecho fuerte como política de estado y una hora, la primera tras la tragedia, ha servido como triste y fiel reflejo del caos existente, incentivado por el absoluto descontrol de la catástrofe. Sobran evidencias de la falta de protocolos reales y responsables frente a la pomposidad y vanagloria de comunicados ministeriales y un relato infamemente adaptado a lo inexcusable, a una incierta verdad oficial que, con multitud de dimes, diretes o contradicciones, rebosa improvisación y mentira para promover la absolución de los verdaderos responsables de, una vez más, la desgracia ajena multiplicada por decenas.
No sólo se trata del estado de las vías, el balasto, las traviesas, los raíles, sus soldaduras, o la falta de periodicidad en la revisión del trazado ferroviario, sino la ausencia de responsabilidad y compromiso en una gestión que, como todo, ha sido relegada a un plano posterior porque no es visible, no reporta votos ni rédito electoral al político de turno.
Las licitaciones, sospechosamente orientadas y otorgadas, parecen haber priorizado el destino final sobre la seguridad de los españoles, ahora en manos de la ineficiencia subvencionada que promueve la evidente ruindad de una España desangrada, desmantelada, entregada al capricho, interés y deseo del voraz independentismo o la sobredosis de corrupción.
Este accidente es la enésima gota que colma el vaso, el síntoma definitivo de una decadencia que ya no se puede ocultar en una flagrante crisis socioeconómica y de valores en la que el ciudadano medio o el autónomo se ven asfixiados por una ingente presión fiscal. Es el particular y permanente "agosto" de una casta política que recauda a manos llenas para mantener su estructura clientelar al mismo tiempo que productos básicos de la cesta de la compra rozan el lujo o la inseguridad ciudadana alcanza cifras impensables en el pasado.
El ADN de este gobierno socialista, como una enfermedad irreversible, vuelve a dar la cara con su macabra tríada: mentira, muerte y miseria. Mienten, confunden y esconden las certezas sobre las causas del descarrilamiento; instrumentalizan y gestionan sobre los cadáveres o la celebración de su funeral y empobrecen al que, a duras penas, realiza su trabajo para sacar adelante a su familia y contribuir a la bonanza de un país mal acostumbrado a las trabas y el señalamiento al ciudadano de aquí, el que defiende su cultura e identidad en base a la tradición, costumbres y el reflejo de épocas pretéritas cuyas páginas sibilinamente se han arrancado de manera definitiva para evitar comparativas que, a día de hoy, sonrojan al más pintado.
La degradación no conoce límites, no se restringe al estado de la red ferroviaria en exclusiva, sino que también extiende su impacto a otras infraestructuras como las de carreteras, autovías, o instituciones como una Fiscalía en tela de juicio por la soberbia y teledirigido indulto de su máximo representante; una Monarquía cautiva de un gobierno que dicta tiempos, palabras y silencios; sindicatos alérgicos a las calles o la protesta, aunque adictos al pesebre de las subvenciones; medios convertidos en altavoces guerracivilistas y marionetas del poder o, por último, una Conferencia Episcopal que, desde su púlpito, hace uso de la traición en negociaciones con el arma arrojadiza de la resignificación del Valle de los Caídos y la consiguiente humillación –otra más– de creyentes a los que casi pidiendo perdón les queda el consuelo de la fe y la Cruz, ese oscuro objeto de deseo de aquellos que, con la infamia e indignidad por bandera, sueñan con una España descarrilada.