Un secuestro a manos de un fundador de Privalia destapa una gran estafa millonaria a inversores

La Audiencia Nacional investiga una millonaria macroestafa de inversión ejecutada en nuestro país a través de la marca Fxactivetrading.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya tenía abiertas en 2021 pesquisas sobre este fraude circular en el que se aplicaba un esquema Ponzi y que tuvo como epicentro una empresa domiciliada en Chipre.

La isla es, según los expertos, un enclave permisivo, de regulación laxa, para que operen este tipo de entramados financieros. Pero el secuestro de uno de los presuntos miembros de la organización criminal detrás del fraude acabó por hacer estallar el caso.

Por esta privación de libertad durante tres días que sufrió Andrés (nombre ficticio) está siendo investigado en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Esplugues del Llobregat uno de los cofundadores de Privalia, el empresario Antonio Alcántara, por los delitos de secuestro y difamación. De hecho, este último está citado el próximo 11 de febrero en un juzgado de Madrid como investigado por una presunta revelación de secretos contra Andrés.

La UDEF considera que el secuestro de Andrés está directamente relacionado con la compañía de inversión y estima que «posiblemente» esté detrás alguna de las víctimas que habría invertido en ella su dinero. Empecemos por el principio.

Andrés entró en Fxactivetrading en enero de 2019 para ejercer como enlace entre la empresa bróker de Chipre y la filial que esta había puesto en marcha en nuestro país con una red de personas que actuaban como comerciales.

Se ponían en contacto con terceros, a veces desde sus propias casas o usando «call centers», y les ofrecían jugosas rentabilidades por inversiones que solían superar los 500 euros y que de media se situaban en los 25.000 euros.

Él, por cada transacción, se llevaba solo un cinco por ciento de comisión, frente al 50 por ciento que se embolsaban el resto de los comerciales por cada cliente captado.

Los inversores veían a través de la aplicación Met4 que el dinero aportado comenzaba a dar una gran rentabilidad, pero la realidad es que la organización podía generarlo ficticiamente en la plataforma. El problema llegaba cuando un cliente quería retirar los fondos. Entonces, la empresa alegaba que había perdido todo tras varias operaciones realizadas por sus supuestos «traders».

Tal y como el propio Andrés, al que representa el abogado Alfredo Arrién, le contó el pasado 14 de enero al magistrado Francisco de Jorge en su declaración como imputado: desde que entró tuvo sospechas de que podía haber alguna práctica irregular. Pero el pleno de adicciones que sufría en aquel momento (a las sustancias, la prostitución, el juego y el alcohol) le impidió reaccionar o tomar una determinación.

El resto de la decena de investigados, en cambio, no quisieron prestar declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la AN, según trasladaron a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso. Se estima que hay más de 180 afectados y se habrían apropiado de un total de seis millones de euros. Todos, a excepción de Andrés, fueron detenidos en 2022.

Pese a las citadas sospechas que le rondaban, todo cambió para Andrés el día de octubre de 2021 en que se subió a un AVE para viajar desde Madrid a Cataluña con el propósito de mantener una reunión de negocios. Tenía concertada una cita en Sant Just Desvern con una persona a la que llegó a través de un conocido. Acudía (o eso creía) a valorar la adquisición de una base de datos.

Cuando apareció en el lugar de la cita, el hombre con el que había quedado le condujo hasta una oficina cercana, en teoría de uno de sus socios, a fin de que Andrés pudiese inspeccionar la base de datos que se planteaba comprar y hablar así de los detalles de la operación.

Sin embargo, tras pasar la puerta de las oficinas, se encontró con dos varones, que iban armados, uno de ellos con pistola. Lo siguiente que recuerda es que recibió un fuerte golpe en una pierna y cayó al suelo. En ese momento le dejan claro que «llevaban mucho tiempo buscándole» y lo colocaron de cuclillas.

Andrés acabó siendo maniatado con bridas en los brazos y en las piernas. «Me vas a devolver el dinero», oía repetidamente. Pero él no entendió al principio de qué dinero le hablaban.

Los secuestradores le exigieron, en nombre de la persona que les habría contratado para recuperar el capital que invirtió, que transfiriese 55.000 euros y le obligaron a firmar documentos en los que admitía que debía tres millones de euros a Alsanta Capital, una sociedad de inversión de la mujer de Alcántara. El plazo de pago de lo adeudado finalizaba a final de 2022. Estuvo retenido tres días en una nave abandonada.

Tras ser liberado, volvió a la capital y lo denunció ante la Policía, con otra ampliación posterior en 2022 sobre las amenazas, hasta de muerte, que seguía recibiendo.