El ocaso del Estado gestor
El trágico accidente ferroviario de Córdoba no es solo un hecho técnico o una fatalidad aislada: es un síntoma, una señal de una enfermedad más profunda que padecen muchas instituciones públicas. En la conmoción colectiva que sigue a estos desastres suele buscarse un responsable concreto–una pieza defectuosa, una omisión reglamentaria, una falta de supervisión–, pero rara vez se apunta hacia el origen sistémico del problema: la decadencia del Estado como gestor directo de los grandes servicios públicos.
El incidente obliga a replantear una cuestión incómoda para quienes nos consideramos herederos de la tradición socialdemócrata: ¿puede el Estado seguir siendo el gestor eficiente, neutral y ejemplar de sectores como el transporte, la enseñanza y la sanidad? O más bien debemos aceptar que el modelo ha agotado su eficacia y que las instituciones públicas, pese a sus propósitos loables, ya no son capaces de sostener servicios complejos en sociedades dinámicas, tecnológicamente exigentes y económicamente vulnerables.
1. Capitalismo público y capitalismo privado
Décadas de intervención estatal nos han habituado a una identificación mecánica entre «lo público» y «lo social». Sin embargo, la crisis de gestión visible en múltiples organismos y empresas controladas por el Estado sugiere que esa equivalencia es falaz. El capitalismo de Estado, que pretendía conjugar planificación y eficiencia con bienestar social, ha degenerado en muchos casos en una burocracia autosatisfecha, obsesionada con la justificación de su propia existencia más que con la prestación del servicio. Frente a ello, el capitalismo privado, sujeto a las reglas de la competencia y la transparencia, parece ofrecer mecanismos automáticos de corrección: el fracaso se sanciona con la pérdida, la ineficiencia se traduce en desaparición del operador. En cambio, en el capitalismo estatal la corrección interna rara vez opera: las pérdidas se socializan, los errores se excusan en el interés general, y los gestores se perpetúan amparados por la opacidad o por la politización del nombramiento.
2. La trampa del monopolio público
Las empresas públicas nacieron con propósitos nobles: garantizar servicios esenciales allí donde el mercado no llegaba o donde la igualdad de acceso exigía neutralidad. Sin embargo, muchas han acabado reproduciendo exactamente las disfunciones que se atribuían al capitalismo privado: clientelismo, falta de responsabilidad efectiva, complacencia con la mediocridad e incapacidad de innovación. Cuando el ferrocarril, la energía, la educación o la sanidad se gestionan sin parámetros competitivos, el resultado suele ser una deriva hacia el conformismo institucional.
La meritocracia cede ante el nombramiento político; la planificación técnica se edifica sobre presupuestos inerciales, no sobre criterios de rentabilidad social. La inversión se decide más por razones de imagen o de calendario político que por prioridades objetivas. Esta dinámica, visible en tantos proyectos de infraestructuras inasumibles económicamente, se traduce en déficits crónicos de mantenimiento, en reformas costosas y, en el peor de los casos, como en Córdoba, en tragedias evitables.
3. El espejismo de la neutralidad
Los defensores del Estado gestor insisten en su supuesta neutralidad: el Estado –dicen– no busca beneficio, sino servir al interés general. Pero precisamente esa falta de incentivos es la fuente de su déficit estructural. Ninguna organización humana mantiene altos niveles de rendimiento si no existen mecanismos claros de evaluación, rendición de cuentas y recompensa. En ausencia de competencia, la eficiencia deja de ser virtud; lo que importa es sobrevivir dentro del aparato administrativo, no mejorar los resultados del servicio. Incluso la «neutralidad» se degrada en práctica: los nombramientos de altos cargos tienden a responder a cuotas partidistas o corporativas, y los sindicatos del propio sector defienden privilegios laborales que obstaculizan toda reforma. El Estado deja de ser garante para convertirse en parte interesada, un actor más dentro de un sistema donde la responsabilidad se diluye.
Para los socialdemócratas convencidos, esta constatación tiene un sabor amargo. Durante décadas hemos defendido el ideal de un Estado social fuerte, capaz de equilibrar desigualdades, de proporcionar sanidad y educación de calidad, y de construir infraestructuras que articulen el territorio. Pero la fidelidad a esos valores ya no puede confundirse con el inmovilismo institucional. Persistir en el modelo del Estado gestor omnipresente equivale a mantener una fe ciega en una maquinaria que ha perdido su capacidad para corregirse.
La verdadera herencia socialdemócrata –la que nace del pragmatismo nórdico, no del estalinismo latino– no consiste en multiplicar funcionarios, sino en garantizar que todos los ciudadanos accedan a servicios de calidad bajo reglas justas, sean estatales, cooperativas o privadas. Lo que importa no es quién presta el servicio, sino que el servicio sea universal, eficiente y fiscalmente sostenible.
4. Del Estado gestor al Estado regulador
Quizá haya llegado el momento de un cambio de paradigma: el paso del Estado gestor al Estado regulador. Un Estado capaz de establecer marcos rigurosos de certificación, homologación y control, en lugar de gestionar directamente cada escuela, cada hospital o cada línea ferroviaria. La función esencial del poder público no debería ser operar, sino garantizar que los operadores –públicos o privados– cumplan con estándares altos de seguridad, calidad y equidad.
Esto no implica abdicar de lo público. Significa redefinirlo. Un Estado moderno puede –y debe– conservar la titularidad estratégica de los servicios esenciales, pero delegar su operación en entidades que rindan cuentas a través de evaluaciones transparentes, incentivos medibles y competencia abierta. La clave está en el diseño institucional: una regulación inteligente puede generar resultados más justos y sostenibles que una gestión centralizada.
5. La dimensión moral del cambio
El debate no es meramente técnico ni económico; es moral. Hay detrás una concepción del ser humano y de la responsabilidad cívica. Confiar ciegamente en el Estado gestor equivale a infantilizar a la sociedad, a suponer que la solución de los problemas colectivos depende siempre de una élite administrativa iluminada. En cambio, un modelo de regulación y supervisión exige ciudadanía madura, capaz de participar, fiscalizar y elegir. Supone devolver poder al criterio profesional, al mercado bien regulado y a la transparencia institucional.
El accidente de Córdoba, con su carga de dolor y simbolismo, debería servir como catalizador de esa reflexión colectiva. No se trata de privatizar indiscriminadamente, sino de distinguir entre Estado garante y Estado empresario, entre poder público y gestión eficiente. De esa distinción depende no solo la calidad de nuestros servicios, sino la salud moral de nuestras democracias.
6. Conclusión: repensar la fe en el Estado
Quizá debamos admitir, sin melancolía pero con lucidez, que el Estado gestor ha entrado en decadencia. No por falta de recursos, sino por exceso de estructura; no por carencia de ideales, sino por hipertrofia del aparato. La socialdemocracia del siglo XXl deberá reconciliar su fe en la justicia social con una comprensión realista de la gestión contemporánea: allí donde el Estado no sabe operar, debe saber exigir, regular y sancionar.
Si algo enseña la tragedia de Córdoba, es que los defectos de gestión pública ya no pueden excusarse en la buena intención. Necesitamos un Estado que inspire confianza no por su tamaño, sino por su competencia. Un Estado que gestione lo que debe –y solo lo que puede gestionar bien –, y que deje al dinamismo social y empresarial el espacio necesario para innovar, competir y prestar servicios con la excelencia que los ciudadanos merecen.
Lupo (Lupicinio) Rodríguez es jurista