Contra su voluntad, los Clinton aceptan declarar por el caso Epstein

La citación del expresidente Bill Clinton y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton ante el Congreso de Estados Unidos, en el marco de la investigación legislativa sobre Jeffrey Epstein, se convirtió en uno de los episodios más tensos y políticamente cargados de inicios de 2026.

Es noticia. La controversia no giró en torno a acusaciones nuevas contra los Clinton, sino en torno al poder del Congreso para obligarles a comparecer, la legitimidad de los citatorios y la confrontación cada vez más áspera entre el liderazgo republicano de la Cámara y dos de las figuras demócratas más reconocidas del país.

• A inicios de enero de 2026, el Comité de Supervisión de la Cámara, dirigido por el congresista James Comer, emitió citaciones formales para que ambos depusieran en sesiones a puerta cerrada.
• El procedimiento contaba con el aval unánime del comité, lo que significaba que la decisión había sido adoptada de manera bipartidista.
• Sin embargo, al acercarse las fechas programadas, los Clinton enviaron un extenso documento en el que rechazaban las citaciones por considerarlas “inválidas y legalmente inaplicables”, alegando que no estaban vinculadas a un propósito legislativo válido y que suponían una interferencia inusual en la separación de poderes.

Entre líneas. En ese escrito, los abogados de los Clinton señalaron que ya habían entregado de manera voluntaria “toda la información limitada” que tenían sobre Epstein y su entorno.

• Esto incluía material relacionado con Ghislaine Maxwell. Insistieron en que las citaciones no buscaban información pertinente y que podían conducir a una confrontación jurídica prolongada que no aportaría avances para la investigación del Congreso.
• Cuando Bill Clinton no se presentó a su citación del 13 de enero, Comer anunció que procedería a impulsar una resolución para declararlo en desacato del Congreso. El mismo escenario pendía sobre Hillary Clinton si no acudía a su propia citación al día siguiente.
• Para los líderes republicanos, la falta de comparecencia era parte de un patrón dilatorio luego de meses de negociaciones; para los Clinton, se trataba de un ejercicio de presión política. Según los documentos divulgados por ellos mismos, consideraban que se buscaba “resultado en su encarcelamiento” mediante un proceso que calificaron como excepcional y politizado.

Qué destacar. La disputa escaló aún más cuando los Clinton publicaron una carta conjunta en la que afirmaban que la prioridad del Congreso debería ser garantizar que se conozca la totalidad de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, algo que ellos mismos dijeron apoyar públicamente.

• Señalaron que, mientras otras figuras públicas habían podido responder mediante declaraciones escritas, a ellos se les exigía un estándar más estricto, lo que interpretaron como selectividad política. Afirmaron también que defenderían su posición “de manera contundente”.
• En paralelo, informes periodísticos revelaron que, mientras avanzaban los preparativos para el voto de desacato, los Clinton sugerían estar dispuestos a buscar un acuerdo para cumplir de alguna manera con la citación.
• Una propuesta contemplaba que Bill Clinton participara en una entrevista transcrita y que Hillary Clinton enviara una declaración jurada. No obstante, Comer insistió en que solo aceptarían el cumplimiento pleno: que ambos comparecieran bajo juramento ante el comité.

En conclusión. Este pulso entre dos figuras históricas del Partido Demócrata y un Congreso de mayoría republicana mostró las tensiones inherentes al uso del desacato del Congreso, un mecanismo poco utilizado y que puede tener consecuencias penales si es aprobado por el pleno y procesado por el Departamento de Justicia.

• Aunque Comer reiteró que “nadie estaba acusando a los Clinton de ningún delito”, subrayó que el comité tenía preguntas legítimas sobre la relación histórica de Bill Clinton con Epstein y sobre la actuación de distintas administraciones federales en investigaciones previas.
• El conflicto dejó en evidencia la dimensión política del caso Epstein en 2026: un terreno donde se cruzan la demanda de transparencia, las disputas entre partidos y los límites del poder de supervisión legislativa.
• Mientras la batalla por las citaciones sigue, el caso abre interrogantes más amplias sobre la capacidad del Congreso para obtener testimonios de exmandatarios y altos funcionarios.