DEA desmantela red de fentanilo y tráfico de armas dirigida desde República Dominicana
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.- La Administración deControl de Drogas de Estados Unidos (DEA), en coordinación con el FBI y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de New Haven (HSTF), arrestó a seis personas acusadas de integrar una red de narcotráfico y tráfico de armas de fuego que operaba en los estados de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, presuntamente dirigida por un ciudadano dominicano residente en la República Dominicana.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito de Connecticut, David X. Sullivan, quien informó que los detenidos son Manolin Vargas D’Olón, alias “Robelin”, de 30 años; Giovanni Benoit, de 41; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35; Ángel Vásquez, alias “Bebo”, de 36; y Andy Martínez, de 46 años.
Según documentos judiciales, la organización distribuía narcóticos y armas de fuego a través de múltiples redistribuidores en varias ciudades del noreste de Estados Unidos.
Durante la investigación, las autoridades realizaron más de 30 compras controladas, en las que se incautaron más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y al menos 17 armas de fuego.
El análisis de laboratorio del fentanilo reveló que parte de la sustancia estaba mezclada con bromazolam, una benzodiazepina sintética relativamente nueva, identificada cada vez con mayor frecuencia en combinaciones de drogas asociadas a sobredosis fatales.
Las autoridades también alegan que el ciudadano dominicano señalado como líder de la red afirmó tener la capacidad de ordenar actos de violencia contra personas en territorio estadounidense.
Acusación federal y posibles condenas
Un gran jurado federal de New Haven emitió el pasado 9 de diciembre de 2025 una acusación formal de 15 cargos contra los seis imputados, la cual fue hecha pública este martes. Los cargos incluyen conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, así como múltiples delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas de fuego.
De ser hallados culpables, Vargas D’Olón enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Benoit, Pérez y Amador Nova podrían recibir penas mínimas de cinco años y máximas de hasta 40 años de cárcel, mientras que Vásquez enfrenta una pena máxima de 20 años. Los cargos por tráfico de armas conllevan penas adicionales de hasta 15 años de prisión por cada imputación.
Vargas D’Olón, Benoit, Vásquez y Martínez están acusados de conspiración para el tráfico de armas; Vargas D’Olón enfrenta además cargos por posesión ilegal de un arma de fuego como extranjero en situación migratoria irregular; Vásquez por posesión de un arma como delincuente convicto; y Vargas D’Olón, Benoit y Vásquez por transferencia ilegal de armas.
Cargos adicionales por pornografía infantil
El expediente judicial detalla que en mayo de 2025, Vargas D’Olón fue arrestado por cargos estatales de narcóticos. Posteriormente, el análisis de un teléfono celular incautado reveló archivos de video e imágenes que contenían pornografía infantil, almacenados en carpetas de caché de la aplicación de mensajería encriptada Telegram.
Por este hecho, un gran jurado emitió una acusación formal separada contra Vargas D’Olón por posesión de pornografía infantil, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Situación procesal
Los seis acusados comparecieron ante un tribunal federal. Vargas D’Olón, Pérez, Amador Nova y Vásquez permanecen detenidos, mientras que Benoit y Martínez fueron liberados bajo fianza y enviados a arresto domiciliario.
El fiscal Sullivan reiteró que una acusación formal no constituye una prueba de culpabilidad y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creada para combatir organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de drogas y armas, así como delitos que involucren a menores, mediante una coordinación interinstitucional a nivel federal.
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