Amnistía: “agresión contra Venezuela debilita aún más el orden internacional basado en normas y deja a la población de nuevo a la espera de justicia”
El ataque militar perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero abrió una nueva grieta en el ya debilitado orden internacional basado en normas. Así lo advirtió Amnistía Internacional, que calificó la operación como un uso ilegal de la fuerza y una amenaza directa a la protección de la población civil.
Según la organización, la acción impulsada por el gobierno de Donald Trump constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, al no contar con autorización del Consejo de Seguridad ni encuadrarse en un escenario legítimo de defensa propia. Para Amnistía, se trata derechamente de un acto de agresión en los términos del derecho internacional.
La operación militar estadounidense en Venezuela no solo fue ilegal, sino profundamente peligrosa”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, advirtiendo que este tipo de acciones sientan precedentes que pueden ser replicados por otros Estados y normalizan la idea de que la fuerza puede sustituir al derecho.
La organización también subrayó que el propio presidente Trump ha reconocido motivaciones geopolíticas y de control de recursos naturales detrás del ataque, lo que, a juicio de Amnistía, confirma que la retórica de la lucha contra el narcotráfico fue utilizada como justificación cambiante para una intervención armada unilateral.
Sin embargo, Amnistía fue enfática en rechazar cualquier lectura que reduzca la crisis venezolana a la agresión externa. La entidad recordó que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas durante más de una década no han cesado ni han sido juzgados, y que la impunidad persiste incluso bajo el actual gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales continúan siendo documentadas dentro del país, especialmente contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes. Para Amnistía, la maquinaria de represión estatal sigue plenamente operativa y se ha visto reforzada por el nuevo escenario de intervención extranjera.
Aunque el gobierno venezolano anunció recientemente liberaciones de personas detenidas y una ley de amnistía, la organización advirtió que estas medidas son insuficientes y potencialmente peligrosas si no van acompañadas de garantías de no repetición, desmantelamiento de los aparatos represivos y fortalecimiento real de la independencia judicial.
En paralelo, Amnistía alertó que el ataque estadounidense dificulta aún más la posibilidad de que prospere un proceso judicial internacional contra Nicolás Maduro, justo cuando la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2017.
El caso venezolano, sostuvo la organización, no es un hecho aislado. Las amenazas de Washington de recurrir a la fuerza en otros países, sumadas a conflictos activos en Ucrania, Medio Oriente y Asia-Pacífico, reflejan una peligrosa tendencia a erosionar las normas diseñadas para prevenir guerras y proteger a la población civil.
“El silencio de hoy será el permiso de mañana. Los Estados deben trazar una línea clara, aquí y ahora”, advirtió Callamard. Para Amnistía Internacional, la comunidad internacional enfrenta una disyuntiva histórica: permitir que la ley del más fuerte se imponga o reafirmar el derecho internacional como único camino legítimo para la paz, la justicia y la dignidad de los pueblos.