Con el Congreso de los Diputados está sucediendo exactamente lo que anunció Pedro Sánchez: que gobernaría con o sin el Parlamento. Y ha optado por gobernar a espaldas del poder legislativo, con dos consecuencias dramáticas: despojar a la democracia parlamentaria de su condición nuclear de la actividad legislativa y sentar un precedente al que oportunamente –que no legítimamente, porque una corrupción nunca es legítima– podrán acogerse futuros Ejecutivos. Al Gobierno no le preocupa, porque lo asume en su estrategia autocrática, qué piensan los ciudadanos sobre lo que se está haciendo con su soberanía política, que es representada por el Parlamento. Gobernar a espaldas del Congreso y del Senado es también gobernar a espaldas de los españoles, que tienen un derecho constitucional propio, derivado de su participación en la cosa pública a través del voto, a que el Parlamento ejerza con plenitud sus funciones legislativas y de control político. Entre el secuestro de las iniciativas legislativas del Senado por la presidenta del Congreso de los Diputados y el abuso por el Gobierno de los reales decretos ley, junto al borrado del debate sobre el estado de la nación, los ciudadanos perciben la imagen de un Parlamento vacío de contenido constructivo y cuya actividad normal ha sido sustituida por cruces de insultos, acusaciones temerarias y difamaciones impunes por el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. La degradación del Parlamento, particularmente del Congreso de los Diputados, llega a tal punto que convierte en noticia dominante de la crónica parlamentaria las injurias y calumnias proferidas por el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián , contra Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia por la gestión de la dana. Hay diputados que saben que su cuarto de hora de gloria consiste en hacer política rastrera. Nunca un Parlamento pudo caer tan bajo, ni un forofo del insulto llegar tan alto. A esto está quedando reducida la relación del Congreso de los Diputados con la democracia parlamentaria y con la sociedad a la que representa. No hay debates porque apenas hay proyectos o proposiciones de ley que cuenten con una mayoría asegurada de antemano. No se proporcionan al Estado y a los contribuyentes la necesaria estabilidad financiera, porque el Gobierno de Sánchez no presenta siquiera los proyectos de Presupuestos Generales del Estado , incurriendo en una prevaricación política contra la Constitución. Desde 2023, incluido, el presidente del Gobierno ha borrado del mapa los debates sobre el estado de la nación, pese a incluirlo como compromiso en su impostado Plan de Acción por la Democracia con estos términos: «Se considera oportuno dar estabilidad a este mecanismo de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno, estableciendo una obligación reglamentaria de celebrar el debate sobre el estado de la nación con carácter anual». Sánchez dirá que es otro cambio de criterio y no lo que realmente parece, otra mentira más. El sanchismo ha intoxicado el funcionamiento del Parlamento con el virus de la autocracia y los llamados a combatirlo, como la presidenta del Congreso de los Diputados, se comportan como agentes infiltrados para asegurar el éxito de esta táctica iliberal. Y si grave es la situación actual, enorme tendrá que ser el esfuerzo y la energía del futuro nuevo gobierno que quiera –y tendrá que querer– recuperar la dignidad de las instituciones parlamentarias, borrando de su funcionamiento todo rastro del sanchismo y reponiéndolas en el dinámica constitucional que las justifica: legislar para el interés y controlar políticamente al poder ejecutivo.
