Dos días después de que la Fiscalía de Andalucía anunciara que había decretado el archivo de las denuncias contra los exconsejeros de Salud Catalina García y Jesús Aguirre , del PP, y otros tres altos cargos por los errores y retrasos en el diagnóstico de 2.317 mujeres sometidas al cribado de cáncer de mama, la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha negado que se haya producido tal archivo. « No se ha producido un archivo de la denuncia de los casos de cribado de cáncer de mama», ha puntualizado este jueves la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones previstas en junio. «La Fiscalía [de la Comunidad Autónoma de Andalucía] ha instado a la Fiscalía Provincial a que sigan la investigación para acreditar cuestiones que puedan tener reproche legal , pero no se ha producido un archivo, todo lo contrario. La propia Fiscalía señala que ha habido irregularidasdes en el desarrollo del programa», ha argumentado María Jesús Montero. Ha respondido de este modo a una pregunta de los periodistas por este asunto en Sevilla durante una atención a los medios de comunicación en la Delegación del Gobierno en Andalucía, a los que había convocado para valorar los devastadores efectos de la borrasca Leonardo en esta comunidad. La Fiscalía de Andalucía dio carpetazo a las denuncias presentadas ante el TSJA por la asociación El Defensor del Paciente y los partidos políticos Izquierda Unida y Adelante Andalucía contra cinco altos cargos del Gobierno de Juanma Moreno (PP) «por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mama». A diferencia de la ministra, la presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), Ángela Claverol, lamentó el archivo de la Fiscalía porque, a su juicio, hay «motivos para investigar». En la nota distribuida por el Ministerio Público, éste justifica el decreto de archivo porque «no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados». Exime de responsabilidad penal a Catalina García, hoy consejera andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y a Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, pero también a la anterior consejera de Salud Rocío Hernández, a la exviceconsejera María Luisa del Moral y a la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Valle García . La ministra de Hacienda aprovechó la decisión de la Fiscalía para volver a cargar contra el Gobierno andaluz por los fallos cometidos en el programa de detección precoz de cáncer de mama. «La Junta trasladó la confidencialidad de los casos, pero nadie había pedido los nombres. Soy médido y sé cuáles son los datos confidenciales. Las mujeres de Andalucía tenemos derecho a saber cuántas mujeres han desarrollado la enfermedad y han sido intervenidas o hay consecuencias superiores. Ha habido más de 2.500 mujeres en situación de riesgo», ha subrayado Montero. La líder del PSOE andaluz ha sugerido que hay un tufo de machismo en el problema de los cribados de cáncer de mama por parte de responsables de la Junta de Andalucía a los que no mencionó directamente. «Hay casos en los que las víctimas concitan toda la atención y en estos, que son mujeres no. Hay políticos andaluces que se dedican a insultarlas y les dan un trato de reproche porque hayan puesto sobre la mesa un problema de salud tan grave», ha afirmado la ministra. Por ello, ha reclamado que «siga la Justicia investigando» y «respeto» para las mujeres para conocer «cuántas han desarrollado la enfermedad», ya que la Junta no ha facilitado ese dato. Después de analizar las denuncias durante cuatro meses, la Fiscalía de Andalucía concluye que no hay delito en la conducta de estos cargos de la Consejería de Salud y remite 16 casos de pacientes afectadas denunciantes a las fiscalías provinciales, para que diluciden si hay responsables penales de los fallos y demoras que afectaran a la salud de estas mujeres. El nuevo archivo se une al que acordó la Fiscalía de Sevilla el pasado mes de diciembre sobre la denuncia de un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al concluir que no hubo «manipulación interna ni sabotaje externo», como denunció la presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), Ángela Claverol, sino «una avalancha de peticiones» que colapsó el sistema de visionado de las pruebas.
