El Supremo exime a la administración de indemnizar por los efectos secundarios de las vacunas de la COVID si no hubo mala praxis
El tribunal anula la condena a la Junta de Extremadura a indemnizar con 40.000 euros a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir la vacuna de Janssen
La Justicia europea dictamina que la Comisión Europea no dio suficiente información sobre la compra de vacunas de la COVID-19
El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que las administraciones autonómicas sólo pueden responder por una actuación de mala praxis en la vacunación contra el coronavirus, sin que puedan imputárseles todos los efectos adversos producidos en algunas personas. A través de una sentencia, recogida por Europa Press, el TS estima un recurso de la Junta de Extremadura y revoca una resolución de un juzgado de Cáceres que la condenó a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis en 2021.
La mujer concretamente recibió una dosis de la vacuna Janssen en julio de 2021 y en agosto del mismo año acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis mesentérica que requirió intervención quirúrgica, por lo que reclamó ser indemnizada apuntando a la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.
Por su parte, la Junta extremeña destacó que el informe de la inspección sanitaria incluido en el expediente administrativo concluyó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esa vacuna --trombosis con trombocitopenia-- es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en el caso de la mujer.
La Administración extremeña avisaba de que la sentencia recurrida estimó, pese a ello, la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.
El Supremo señala que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el Covid-19, --dado el carácter excepcional de la pandemia internacional--, únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto”.