El Gobierno cambia una práctica bancaria muy extendida
El anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo aprobado por el Gobierno introduce una modificación relevante en la relación entre entidades financieras y consumidores. El texto, promovido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, puede consultarse a través de la información oficial del Ministerio de Economía sobre crédito al consumo y se alinea con las directrices europeas en materia de protección del usuario financiero.
Durante años, distintos organismos de supervisión y asociaciones de consumidores han advertido de prácticas comerciales que facilitaban el acceso al crédito sin una solicitud clara por parte del cliente. En este contexto, el Ejecutivo considera necesario reforzar las garantías legales para evitar situaciones de sobreendeudamiento no siempre percibidas como tales en el momento de contratar.
Qué cambia en la emisión de tarjetas de crédito
La nueva norma establece de forma expresa que los bancos no podrán emitir tarjetas de crédito ni activar líneas de financiación asociadas si el cliente no lo ha solicitado previamente. Esta prohibición afecta tanto a nuevas tarjetas como a aquellas que se incluían de forma automática dentro de paquetes de servicios bancarios.
Además, queda vetada la ampliación unilateral del límite de crédito de una tarjeta ya existente. Hasta ahora, algunas entidades incrementaban el saldo disponible alegando mejoras en el perfil del cliente o campañas comerciales internas, una práctica que generaba consumo financiado sin una decisión consciente.
El consentimiento expreso como requisito obligatorio
El anteproyecto deja claro que cualquier concesión de crédito debe contar con el consentimiento expreso y verificable del consumidor. Esto implica una solicitud previa, informada y diferenciada de otros productos financieros, sin casillas premarcadas ni activaciones por defecto.
La norma no impide que los bancos sigan ofreciendo productos de financiación, pero sí obliga a que la aceptación sea inequívoca. Los llamados créditos preautorizados podrán seguir existiendo, siempre que no se activen sin una confirmación directa del cliente.
Impacto en las tarjetas revolving y el coste del crédito
Uno de los puntos más sensibles del texto es el refuerzo del control sobre las tarjetas revolving, un producto que ha generado miles de reclamaciones en los últimos años. El Gobierno introduce límites más claros al coste total del crédito y nuevas obligaciones de transparencia sobre intereses, comisiones y plazos de amortización.
El objetivo es que el consumidor pueda comprender con exactitud cuánto pagará por el uso de este tipo de tarjetas y en qué horizonte temporal. La falta de información clara ha sido uno de los principales factores de conflicto entre usuarios y entidades.
Más supervisión para todo el sector del crédito
La futura ley amplía el ámbito de supervisión del Banco de España a todas las empresas que conceden crédito al consumo. Esto incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a financieras especializadas y plataformas digitales que operan en el entorno online.
Con este cambio, el supervisor podrá exigir los mismos estándares de conducta, información y solvencia a todos los operadores, independientemente de su canal de comercialización.
Por qué el Gobierno considera necesaria esta medida
El Ejecutivo justifica la reforma por el aumento del endeudamiento de los hogares y por la complejidad creciente de los productos financieros. La concesión automática de crédito, aunque legal en determinados supuestos, ha demostrado generar riesgos para perfiles vulnerables o con menor educación financiera.
Al exigir una solicitud previa y consciente, la norma busca que el cliente tome una decisión informada y que el crédito deje de ser un añadido invisible a otros servicios bancarios.
Qué deben hacer ahora los clientes
Los usuarios no tendrán que realizar ningún trámite adicional si no desean cambios en sus productos actuales. A partir de la entrada en vigor de la ley, cualquier modificación en su tarjeta de crédito deberá pasar necesariamente por su autorización expresa.
En el caso de recibir ofertas de ampliación de límite o nuevas tarjetas, será el cliente quien decida si acepta o no la propuesta, sin que la entidad pueda activarla de forma automática.
Un cambio que marca tendencia en consumo financiero
La prohibición de emitir tarjetas de crédito y ampliar límites sin consentimiento expreso supone un giro relevante en la política de consumo financiero en España. La medida refuerza el papel del cliente como parte activa en la contratación y limita prácticas que, aunque extendidas, habían generado un creciente malestar social.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca un equilibrio entre la oferta legítima de financiación y la protección efectiva del consumidor, en un contexto de inflación, tipos de interés elevados y mayor sensibilidad hacia la estabilidad económica de los hogares.