China recicla el 75 % de baterías de EV… y casi todo es ilegal
Las baterías de tracción de los coches eléctricos tienen una vida útil limitada: tras varios años de servicio, su capacidad cae por debajo de los umbrales exigidos para automoción y deben ser retiradas y recicladas de acuerdo con normativas estrictas.
La segunda economía del mundo, líder global en producción de vehículos eléctricos (VE) y baterías de iones de litio, ha construido una enorme infraestructura fabril para fabricar y reciclar células. Sin embargo, la «realidad de calle» dibuja otro mapa: miles de pequeñas factorías sin licencia compran baterías usadas a aseguradoras, subastas o particulares, las desmontan con herramientas básicas y comercializan sus componentes o materias primas sin controles oficiales.
Cómo funciona la cadena paralela
| Proceso | Actividades | Destino |
|---|---|---|
| Compra de baterías | Adquisición de packs retirados | Talleres clandestinos |
| Desmontaje | Separación de módulos y celdas | Reacondicionamiento o trituración |
| Reacondicionamiento | Clasificación por capacidad | Bicicletas/almacenamiento |
| Triturar | Recuperación de metales | Venta a recicladores |
En los talleres ilegales, los operarios desmontan los paquetes, prueban cada celda y separan aquellas con más del 50 % de capacidad teórica. Las celdas «aceptables» se venden para usos secundarios, como bicicletas eléctricas, triciclos de carga o incluso bancos de energía estacionarios. Las celdas muy degradadas se trituran para extraer materiales valiosos. Todo ello con equipos mínimos de protección, sin tratamiento químico adecuado y sin certificación alguna que garantice la seguridad o calidad del producto final.
Ganancias fáciles, riesgos reales
Un vistazo rápido a los números explica por qué este mercado ilegal florece. Un paquete de baterías de coche retirado puede reportar beneficios de hasta 10 000 yuanes (≈ 1 200 €) tras desmontaje y venta de piezas, según fuentes del sector. Ese margen bruto es muy atractivo frente a las barreras de entrada y costes de cumplimiento que enfrenta una planta de reciclaje autorizada, que debe invertir en sistemas de tratamiento de residuos, protección ambiental y personal cualificado.
Sin embargo, esto no está exento de peligros. Los procesos sin control generan residuos líquidos y sólidos contaminantes, los trabajadores se exponen a químicos corrosivos y riesgos de incendios, y las celdas reacondicionadas sin trazabilidad pueden fallar en aplicaciones para las que no estaban diseñadas. El chasquido de una pistola de aire impactando sobre un módulo en un taller improvisado resume una práctica de alto riesgo con consecuencias potenciales graves.
Impacto en el mercado oficial
Las empresas de reciclaje autorizadas en China aplican tecnologías avanzadas que permiten recuperar más del 90 % de los materiales críticos en una batería —litio, níquel, manganeso, cobalto y cobre— con procesos que minimizan emisiones y residuos, según datos de la industria. A diferencia de los talleres clandestinos, estas plantas deben cumplir con estándares ambientales y de seguridad. El problema es que la enorme cantidad de baterías retiradas hace que la capacidad legal no absorba todo el volumen.
- Distorsión de precios: los recicladores clandestinos compran baterías baratas y venden materiales a bajo coste, presionando los márgenes de operadores formales.
- Falta de trazabilidad: sin registros oficiales, no hay forma de seguir el ciclo de vida de una batería, contraviniendo principios de economía circular.
- Desperdicio de recursos: procesos básicos desperdician parte de los metales, reduciendo eficiencia y valor recuperado.
Regulación y respuesta del Gobierno
Las autoridades chinas han reconocido el problema e implementan nuevas medidas para cerrar brechas regulatorias. A partir de 2026 entran en vigor normas más estrictas de trazabilidad de baterías durante todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el reciclaje, con sistemas de registro digital y sanciones para recicladores no autorizados. La meta es asegurar que cada batería retirada sea asignada a un operador con licencia que pueda procesarla de forma segura y eficiente.
No obstante, la transición no será inmediata. Las redes clandestinas están arraigadas en regiones con tradición de reparación y reciclaje informal. Cambiar hábitos y reconvertir talleres exige incentivos, formación y una supervisión más eficaz.
¿Qué significa para Europa y España?
Europa, incluida España, observa la situación con interés porque también afronta un fuerte incremento de baterías retiradas a medida que los coches eléctricos envejecen. La Unión Europea ya exige sistemas de trazabilidad y responsabilidad ampliada del productor para baterías (Battery Regulation), con estándares estrictos de reciclaje y reutilización. El caso chino subraya la importancia de políticas robustas desde el inicio para evitar que se repitan modelos de reciclaje informal con impactos ambientales y de mercado negativos.
En definitiva, mientras China despliega una colosal industria de movilidad eléctrica, su sombra regulatoria permite que tres de cada cuatro baterías de VE pasen por talleres fuera de la ley. El reto es encender el piloto de una economía circular verdadera, donde cada batería tenga un destino seguro, rentable y ambientalmente sostenible.