Dos meses sin cobrar y aun así obligado a ir a trabajar: la norma que muchos desconocen
La relación laboral surge cuando una persona trabaja para otra siguiendo sus instrucciones y dentro de su organización, normalmente formalizada mediante un contrato de trabajo. Este documento fija las condiciones del empleo y establece los derechos y obligaciones de ambas partes. Uno de los elementos esenciales es el salario: toda prestación de servicios debe ir acompañada de una retribución económica que el empleador está obligado a pagar por el trabajo realizado.
El salario es "la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena", tal y como establece el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores.
Por lo general, el salario se ingresa en la cuenta del trabajador a mes vencido, es decir, después de haber realizado el trabajo. Concretamente, el artículo 29 de la presente normativa indica que la liquidación y el pago del salario se harán "puntual y documentalmente" en la fecha y lugar convenidos y el periodo de tiempo para realizar el abono de estas retribuciones periódicas y regulares "no podrá exceder de un mes".
Sin embargo, en ocasiones la empresa supera ese plazo y se produce un retraso en el pago debido a problemas de liquidez o errores administrativos, algo que puede afectar directamente a los empleados. Ante este escenario, muchos profesionales se preguntan si pueden dejar de trabajar hasta que se les abone la nómina correspondiente.
Si el trabajador deja de acudir a su puesto, incluso por no haber cobrado el salario, estaría incumpliendo su obligación de prestar servicios. En ese caso, la empresa podría considerar que existe un abandono del puesto y sancionarlo como una falta muy grave, llegando incluso a un despido disciplinario procedente. Si este despido se declara procedente, el trabajador no tendría derecho a recibir ninguna indemnización, explican desde Legálitas.
Entonces, ¿qué puede hacer el empleado en estos casos? El trabajador puede reclamar las cantidades que la empresa le debe, sumando además un 10% de interés de demora según el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Para ello dispone de un plazo de un año desde el momento en que debió cobrar el salario —o desde que lo percibió en una cuantía inferior—. Si no actúa dentro de ese periodo, la deuda prescribirá y ya no podrá exigirse.
Desde Legálitas señalan que es recomendable presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por este incumplimiento. Este organismo puede sancionar a la empresa conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, que regula las infracciones y sanciones en el orden social.
Además, conviene valorar si los impagos o retrasos son reiterados en el tiempo. Si se demuestra que el incumplimiento del empleador es grave y persistente, el trabajador podría solicitar ante el juzgado de lo social la resolución del contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En ese caso, tendría derecho a la misma indemnización que corresponde a un despido improcedente.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) prevé multas que pueden oscilar entre 7.501 y 225.018 euros para aquellas empresas que incurran de forma reiterada en retrasos en el pago de las nóminas.