¿Qué es estado de sitio?
¿A qué no sabes que Bernardo Arévalo está gobernando Guatemala no como presidente de la República (que es un cargo civil), sino como comandante general del Ejército por medio del ministro de la Defensa (que es un cargo militar)? La mayor parte de chapines “oyó campanas” de que hay estado de sitio, pero no sabe en qué consiste.
El concepto de estado de sitio (“etat de siège”) nació durante la Revolución Francesa cuando la ley distinguía entre estado de sitio real, para fortalezas bajo asedio externo, en recuerdo de que en el derecho medieval francés el siège o sitio se refería literalmente al asedio militar de una fortaleza, cuando se transmitía la autoridad civil al mando militar; y el estado de sitio ficticio, o político para disturbios internos graves, cuando se transferían poderes policiales y judiciales al ejército sin necesidad de que hubiera un “siège o sitio”.
Esa norma buscaba equilibrar la protección del nuevo orden republicano con la preservación de libertades; pero ya contenía el germen de la suspensión temporal de garantías. Napoleón la amplió y la convirtió en herramienta para crisis políticas internas. Para evitar manifestaciones en caso de descontento profundo, por ejemplo.
En el contexto del enfrentamiento armado interno, en Guatemala fueron establecidos cinco posibles regímenes de excepción, graduados para adaptarse a distintas situaciones: prevención, alarma, calamidad pública, sitio y guerra; y como ves, el estado de sitio es el cuarto más intenso, sólo debajo del estado de guerra.
Desde el punto de vista positivista, el procedimiento se ha seguido “by the book” hasta ahora: decreto motivado, ratificación legislativa y publicación oficial. Sin embargo, desde una perspectiva ética, el estado de sitio —aún con su origen “defensivo”— representa una contradicción moral y política profunda.
¿Por qué? Porque los derechos individuales (vida, libertad, propiedad y búsqueda de la felicidad) son absolutos e inalienables, derivados de la naturaleza racional del ser humano. Ninguna “emergencia” —ni siquiera una ola criminal grave— justifica su suspensión temporal, porque el gobierno solo existe para proteger esos derechos mediante la fuerza objetiva y bajo la ley (no sólo bajo la legislación).
Al declarar estado de sitio, los “pipoldermos” se otorgan poderes discrecionales (de orden militar) que convierten al ciudadano común en sospechoso potencial, en violación del principio de que la fuerza solo se usa de forma retaliatoria contra quien rompe el principio de no agresión. Las “excepciones” erosionan la libertad y habilitan abusos futuros, pues hay demasiados incentivos para mantener la emergencia y quitarles los límites al poder estatista. La historia muestra que estos regímenes de excepción rara vez se limitan al “mínimo necesario” (¿estado de prevención, o de alarma?) y además, los estados de excepción son “patentes de corso” para hacer piñata con los impuestos tomados de los tributarios.
Una respuesta racional y moral —frente a las oleadas de criminalidad— sería fortalecer el sistema judicial ordinario, eliminar privilegios penitenciarios a criminales y aplicar la ley penal con rigor, sin sacrificar los derechos de los inocentes, en vez de vulnerabilizar a los tributarios y electores inocentes.
El estado de sitio está vigente desde el 18 de enero de 2026 y vence a mediados de febrero. Tengo entendido que el Ejecutivo no considera necesaria su prórroga; pero qué mejor momento para insistir en que, aunque sea legal, no es legítimo ni necesario.